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La Eurocámara da la la razón a los estibadores: el proyecto de liberalización de los servicios portuarios se queda en dique seco

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La Eurocámara da la la razón a los estibadores: el proyecto de liberalización de los servicios portuarios se queda en dique seco

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Cerca de diez mil estibadores se manifestaron el lunes en Estrasburgo por considerar que este texto amenaza sus puestos de trabajo y pone en peligro la seguridad de los puertos.

Los eurodiputados lo han rechazado por una aplastante mayoría. La cámara ya había dicho “no” a una primera propuesta en 2003. El eurocomisario de Transportes, Jacques Barrot, no ha dejado claro si el proyecto va a pique o habrá una tercera propuesta. Barrot ha afirmado que va a “consultarlo con la Comisión, con el Parlamento y con todos los actores implicados. Ahora bien, no querría que esta negativa se interprete como una renuncia a la modernización de nuestros puertos”

El sector portuario, es dentro de los transportes el único que no cuenta aún con un marco legislativo comunitario. Algo que el analista belga Michael Dooms, considera innecesario ya que “nunca han realizado un análisis económico en profundidad sobre los efectos que acarrearía la liberalización de servicios en el sector portuario. Tal y como sabemos, y las cifras lo demuestran, los puertos europeos son muy eficientes. Asi que no hay una justificación económica real para adoptar una nueva legislación sobre los servicios portuarios”

El sindicalista portugués Eduardo Chagas, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte tampoco ve la utilidad de este proyecto de ley. Según él “cuando se habla de la competitividad a nivel internacional hay que precisar que no sirve de nada descargar un barco en China; si las mercancias que transporta tienen que llegar hasta su destino, en Europa”

El punto más controvertido de la propuesta es la posibilidad de que las navieras puedan recurrir a su tripulación para las tareas de carga y descarga de los buques, sin necesidad de pasar por los estibadores.

El proyecto rechazado afecta a los mayores puertos de la Unión, que son cerca de cuatrocientos.