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45 años de silencio

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45 años de silencio

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Después de 45 años dominando la plaza de San Juan de la Cruz en Madrid, la estatua ecuestre de Franco era retirada durante la madrugada del 17 de marzo de 2005. Una vez roto el tabú, otras ciudades españolas retiraban los símbolos de la dictadura franquista.

Pronto será una obligación. El artículo 15 de la llamada ley de la “memoria histórica” establece la retirada de los monumentos, placas y nombres de las calles que exalten el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, la guerra civil o la dictadura franquista.

El texto concierne a todos los edificios públicos y privados, incluidos los de la Iglesia católica, aunque ésta podrá invocar razones artístico-religiosas para evitar que los retiren. No respetar la ley puede suponer la suspensión de las subvenciones.

La integralidad del artículo 16 está dedicado a El Valle de los Caídos, el imponente complejo que glorifica el franquismo. Construido por prisioneros republicanos en 1942, en el mausoleo se encuentran los restos mortales de Francisco Franco y de Jose Antonio Primo de Rivera, su mentor ideológico. Cada 20 de noviembre, el Valle de los Caídos es escenario de manifestaciones de nostálgicos de la dictadura. La nueva ley prohibirá esas manifestaciones para despolitizar el complejo.

La ley reconoce la ayuda a la localización y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil, otro tabú roto en los últimos años. Es el caso de la madre de Vicente, fusilada por los falangistas en una cuneta junto a tres hombres en agosto de 1936. “En el año 2000 yo le decía a mi hijo: me dan ganas de ir y de cavar yo con mis propias manos y levantar los restos de mi madre.”

También reconoce el derecho a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados republicanos, así como el reconocimiento de las víctimas de los dos frentes. Sin embargo, se limita a declarar ilegítimos y no nulos los tribunales de excepción franquistas, que a partir de 1937 firmaron 50 mil condenas a muerte, algunas retroactivas, como la de Blas Infante. El político andaluz fue fusilado en 1936 y juzgado seis años después de su muerte.