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Treinta y dos años de pánico en Indonesia

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Treinta y dos años de pánico en Indonesia

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Las recientes imágenes que han podido verse de Suharto, enfermo y hospitalizado, no han conseguido que el mundo olvide la sangrienta dictadura que encabezó durante 32 años, hasta que perdió el poder en 1998.

Nacido en 1921 en el centro de la isla de Java, Suharto toma parte activa en la guerra que desencadena la salida del país de las tropas holandesas.

Tras la independencia, en 1965, las fuerzas armadas se dividen en dos facciones, una izquierdista y la otra visceralmente anticomunista, encabezada por Suharto, a la sazón, jefe del Estado Mayor.

Ese mismo año, Suharto sofoca un supuesto complot comunista que muchos le acusan de haber orquestado para justificar la masacre de un millón de miembros del Partido Comunista Indonesio. Su odio irracional contra el PKI alimenta las especulaciones sobre sus vínculos con la CIA.

Convertido en presidente oficioso, Suharto anula la nacionalización de los bienes de las compañías petroleras estadounidenses decretada por Sukarno. En el 68 se convierte oficialmente en jefe del Estado con los votos de una Asamblea nombrada a dedo. El clan Suharto extiende su vasta red de corrupción y nepotismo.

Tras la salida de las tropas portuguesas de Timor Este, en 1975, el ejército indonesio protagoniza una sangrineta ocupación de la parte oriental de la isla. Se calcula que las tropas de Suharto mataron a unas 100.000 personas, aproximadamente un tercio de la población local.

El asesinato de civiles prosigue hasta la caída del régimen en 1998. Ya en el epicentro de una grave crisis económica, el poder de Suharto es desafiado por las exigencias de independencia de numerosas provincias como Aceh.

El año de su caída, la revista Forbes anuncia que la fortuna familiar de Suharto es de aproximadamente 15.000 millones de euros en efectivo. La CIA eleva esa cifra a 35.000 millones.

En julio de 2000, la justicia acusa a Suharto de malversar 600 millones de euros de donaciones gubernamentales a una fundación bajo su control. Poco después, la justicia anula el juicio por la mala salud del acusado.

El Estado lo intenta de nuevo en 2002 , pero los médicos alegan una enfermedad cerebral sin especificar.