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El consejo de ministros ha aprobado un polémico proyecto de ley que limita las escuchas a las investigaciones de los delitos más graves, penados con más de 10 años de cárcel, y contra la administración pública. Además, eleva hasta 3 años las sanciones para quien las publique mientras están bajo secreto de sumario.

“Lo que buscamos”, explicaba el Ministro de Justicia, “es un punto de equilibrio entre el derecho del ciudadano a que se garantice su privacidad, y el del estado a intervenir contra los delitos que pueden cometer los individuos”.

El proyecto, aunque menos radical de lo que en principio pretendía Berlusconi, ha despertado ya la indignación de magistrados y periodistas. También la oposición está indignada: “Una ley que prevé prisión para los magistrados y periodistas, y la impunidad para los criminales. Desaparecen los delitos económicos, fiscales y de sociedades. Significa que en Italia, escándalos como el de Parmalat, y como el de la clínica de los horrores, ya no podrían descubrirse”.

Berlusconi afirma que unas 100.000 personas en Italia son objeto de escuchas, un récord mundial del que el propio Primer Ministro ha sido víctima. Sus conversaciones telefónicas publicadas, le han llevado a más de un problema con la justicia.