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Histórico, simbólico o atrevido

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Histórico, simbólico o atrevido

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No faltan adjetivos para calificar el auto del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, por genocido y crímenes contra la humanidad. Por vez primera, este organismo imputa cargos a un jefe de Estado en ejercicio.

“Si se confirma mi acusación, estaremos ante un caso de genocidio. ¿Es una razón para dejarlo así, sin más? No. ¿Necesitamos que esto termine? Si. Entonces, ¿Tenemos que detenerlo? Si. La comunidad internacional fracasó en el pasado; fracasó para evitar el genocidio de Ruanda, fracasó para acabar con los crímenes en los Balcanes. Ahora la novedad es que hay un tribunal, un tribunal independiente que dirá que esto es un genocidio”, señaló el fiscal, Luis Moreno Ocampo.

La Corte Penal Internacional (CPI) cumple en estos días diez años. Su funcionamiento, competencias, y sus fuentes de financiación quedaron definidas por el Estatuto de Roma, su acta fundacional.

En primera instancia firmaron 120 países, pero hubo que esperar cuatro años más para lograr la ratificación en 60 de estos estados, tramite necesario para asegurar la legitimidad del tribunal.

A fecha de hoy, 106 países han cumplido, y están sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque otros como Estados Unidos se niegan a firmar, e intentan reducir el papel de este tribunal, a la nada.

Como Sudán, aunque la Corte Penal Internacional investiga otros tres casos de crímenes contra la humanidad, en países que si reconocen su competencia. Se trata de Uganda, la República Centro-Africana y la República Democrática del Congo.

Ante las discrepancias, como prevén sus estatutos, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la instancia que promueve la investigación, como ya ocurrió en Sudán.

El proceso sigue pero todavía pasará tiempo, mucho tiempo, antes de que veamos al presidente sudanés, sentado, en el banquillo de los acusados.