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El Tribunal Constitucional de Turquía comenzó el lunes las deliberaciones para ilegalizar o no el Partido Justicia y Desarrollo, en el poder desde 2002.

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El Tribunal Constitucional de Turquía comenzó el lunes las deliberaciones para ilegalizar o no el Partido Justicia y Desarrollo, en el poder desde 2002.

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Se desconoce cuándo los jueces anunciarán una decisión aunque han asegurado que analizarán el caso todos los días, sin pausa. En causa está un proceso que acusa al partido que venció las elecciones legislativas el año pasado de prácticas contrarias al laicismo del estado, como autorizar el velo islámico en las universidades.

El fiscal pide la disolución del AKP al que pertenecen el presidente de Turquía, Abdullah Gull y el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. Además, pretenden impedir que éstos y otros 70 miembros del partido puedan participar en política durante cinco años.

Toda esta tensión política que para Erdogan es un golpe de estado judicial coincide con la tensión que se vive en la calle, después de los dos atentados con bombas del domingo. Miles de personas, entre ellas el primer ministro, participaron en un multitudinario funeral por diez de las víctimas en una mezquita del barrio obrero de Estambul, en el que estallaron las bombas. En los ataques murieron 17 personas y resultaron heridas otras 140.

Las autoridades y la prensa acusan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, como los autores del atentado.