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La bahía de los piratas en el banquillo


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La bahía de los piratas en el banquillo

El cerco judicial se estrecha sobre los 3 jóvenes fundadores de “The Pirate Bay” y el financiador del proyecto.

Sus rostros quedarán grabados para siempre en la historia del peer to peer o intercambio de ficheros por internet. Fundada en 2003, su página se ha convertido en toda una referencia en el mundo de las descargas en internet y precisamente por ello, un blanco privilegiado para el de los creadores. En una rueda de prensa en línea uno de los fundadores de la página denuncia los dictados de las industrias cienmatografica y musical: “Primero dejaron que Hollywood hiciera lo que le dio la gana con la ley…y de alguna forma todo esto tiene que acabar, no pueden seguir jodiendo así el sistema” Entre los denunciantes de los cuatro creadores están la Warner Bros, Columbia pictures, Sony y Universal, que aseguran sufrir pérdidas de ingresos considerables. Pesos pesados que tienen influencia política a escala planetaria según Per Samuelson, abogado defensor de uno de los acusados: “El sistema legal sueco no ha podido resistir la presión del mundo entero, de todos los poderes, y es muy difícil para ellos pero tendrían que haberlo hecho, esa es la prueba de que el sistema legal no resiste si se ejerce la suficiente presión” Sancionar o no las descargas ilegales: el debate está de plena actualidad en Europa. Cuando se sabe que el contenido de los ficheros en línea representará un volúmen de negocios de 8 mil 300 millones de euros en 2010, se comprenden mejor los intereses en juego. Para luchar contra los piratas de la red y satisfacer los intereses de las industrias concernidas, algunos gobiernos europeos, como el alemán o el francés quieren adoptar legislaciones represivas. En Francia el llamado proyecto Hadopi rechazado el 9 de abril y que volverá a ser presentado en la Asamblea el próximo 29, contempla una respuesta gradual cuya etapa final es la suspensión del abono a internet. Pero el texto choca frontalmente con otro: el de la enmienda que votó el pasado septiembre el Parlamento Europeo que obliga a los Estados Miembros a evitar la adopción de medidas que van contra las libertades y derechos civiles, como la interrupción del acceso a internet. Francia ha intentado retirar el texto que tras no pocos avatares será presentado en segunda lectura el próximo cinco de mayo. Una situación más que paradójica que refleja la complejidad de juzgar un acto a medio camino entre la ilegalidad y la libertad.
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