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Un Tratado para el futuro de Europa

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Un Tratado para el futuro de Europa

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Lo venienen diciendo hace meses: El futuro institucional de Europa depende al referendum irlandés. Es cierto. Al menos en parte. El Tratado de Lisboa intentará simplificar el funcionamiento de las instituciones en Bruselas, (cada vez más complicado con las sucesivas ampliaciones). 
 
El tratado con sus 145 páginas, firmado en Lisboa en diciembre de 2007 modifica todos los tratados existentes para simplificarlos. Con esa simplificación se pretende que los ciudadanos comprendan mejor Europa y participen más en los asuntos europeos.
  
Concretamente, el texto pondrá fin al complicado proceso de presidencia semestral rotatoria de cada Estado. El tratado prevé nombrar a un presidente  por un periodo máximo de cinco años y a un jefe de la diplomacia, que haga más audible la voz de Bruselas en el mundo.  
 
Ambos representarán a Europa en la escena internacional de forma estable y continua. De esta forma, podrán seguir con constancia los dossieres internacionales, gozar de mayor credibilidad y los europeos tendrán, por fin, una cabeza visible. 
 
Otro avance importante para los ciudadanos es el nuevo sistema de votación. Una decisión podrá salir adelante si obtiene el respaldo del 55 por ciento de los Estados que representen el 65 por ciento de la población de la UE. Lo que da más peso a los países con mayor población. Pero todos los parlamentos nacionales pasan a tener derecho de “interferencia” en el proceso legislativo comunitario.
 
Única institución europea elegida por los ciudadanos, la Cámara europea va a disponer de verdaderos instrumentos de codecisión con los Estados en materias como agricultura, pesca, justicia…
 
Justamente son esas la libertad, justicia y seguridad las prioridades del tratado para responder a las expectativas de los ciudadanos manifestadas durante las elecciones. El objetivo: dotar a Europa de las herramientas necesarias para luchar contra el crimen y el terrorismo.
 
Se introduce también una medida dedicada en exclusiva a los ciudadanos: la instauración de un mecanismo de iniciativa popular. La comisión podrá llevar al parlamento en forma de propuesta de ley un texto que haya sido firmado por un millón de personas.
 
El tratado recoge las preocupaciones ciudadanas: la seguridad energética, el cambio climático, la salud y el empleo. Aunque para sus detractores no es más que palabrería. Se quejan de que no va lo sificientemente lejos en el aspecto social.