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El largo corredor de la muerte chino

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El largo corredor de la muerte chino

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China es el país que más presos ejecuta al año. Dos tercios de las penas de muerte de todo el mundo se cumplen en el gigante asiático.

En la memoria queda el caso de los productores de leche que fueron ajusticiados a comienzos de año por el escándalo de la melamina que intoxicó a más de 300.000 niños.

En total, la ley china prevé 68 delitos que pueden ser castigados con la pena capital; desde la falsificación al contrabando de oro, pasando por el fraude fiscal, aunque en la mayor parte de los casos, las ejecuciones responden a crímenes de sangre o tráfico de drogas.

Sin embargo, la pena de muerte no está reservada únicamente a crímenes de derecho común, también es un arma de presión política.

El último ejemplo son las ejecuciones que se produjeron el pasado otoño tras los enfrentamientos interétnicos que tuvieron lugar en Xinjiang entre miembros de la mayoritaria etnia han y la minoría uigur.

En su informe de 2009, Amnistía Internacional cifra en 7.000 el número de penas de muerte pronunciadas y en 1.700 las ejecuciones constatadas. Aunque la Fundación Dui Hui eleva esa cifra a las 5.000.

Pese a todo, el número de ejecuciones ha disminuido sensiblemente desde la década pasada. Se calcula que en los 90 el Estado ejecutaba a más de 10.000 personas por año, generalmente de una bala en la nuca. La inyección letal no comenzó ha utilizarse hasta el 97.

La sentencia se aplica después de que la Corte Suprema confirme el veredicto y sin que exista ya apelación posible. Así es desde la reforma legal de 2007. Con esa ley, las autoridades centrales pretendían limitar los poderes de los tribunales provinciales para reducir el número de condenas.

Aquel año, el 15% de las penas de muerte fueron anuladas y en 2008 se cancelaron el 10%. Pekín acogía los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional tenía sus ojos puestos en China.

La organización de aquel evento fue un rotundo éxito, aunque en materia de derechos humanos China continúa por detrás de los estándares que se le exigen. El sistema judicial continúa siendo demasiado opaco, arbitrario y opuesto a los valores de la Carta Olímpica.