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Arranca la campaña electoral en una Ucrania dividida

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Arranca la campaña electoral en una Ucrania dividida

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Protestas frente al Parlamento marcan el comienzo de la campaña electoral en Ucrania

A tres meses de las elecciones parlamentarias, el ambiente en el país es explosivo. Uno de los asuntos polémicos es la ley que establece el ruso como lengua cooficial en aquellas zonas del este y el sur donde predomina, como Crimea.

Promovido por el partido del presidente Yanukovich, el texto, que aún debe superar algunas trabas, fue aprobado entre peleas y polémica en el Parlamento a principios de mes.

La mayoría oficialista ha rechazado los cuatro proyectos para revocarla y tampoco ha aceptado la dimisión del presidente de la Rada, Vladímir Litvin, que se niega a firmarla.

El Partido de Yanukovich defiende el proyecto:

Olexandre Yefremov. Diputado del Partido de las Regiones:
“Es evidente que la solución de este asunto se ha retrasado y ha sido bloqueada sistemáticamente durante varios años. Incluimos esta cuestión en nuestro programa, por eso pensamos que era el momento de votar”

La oposición asegura en cambio que la ley es anticonstitucional y acusa al Gobierno de buscar votantes en las regiones de habla rusa. Para algunos analistas, lo más significativo es que la polémica se está usando para desviar la atención:

Kostyantyn Matviyenko. Analista político:
“Teniendo en cuenta todos los problemas sociales y económicos que hay en las regiones de Ucrania, la cuestión de la lengua, no está entre las principales preocupaciones de los electores. La Oposición Unida, se mantendrá a la expectativa y sólo sacará a relucir este asunto si el Partido de las Regiones lo saca durante la campaña”

La campaña arranca también con una noticia que la principal alianza opositora ha anunciado durante una gran marcha: la encarcelada ex primera ministra Julia Timoshenko será su principal candidata a las elecciones.

Una decisión simbólica ya que los presos no pueden ser candidatos a puestos públicos en Ucrania y Timoshenko ha sido condenada a siete años de cárcel por abuso de poder.