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En marcha el nuevo sistema europeo de atención sanitaria transfronteriza

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En marcha el nuevo sistema europeo de atención sanitaria transfronteriza

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Los pacientes europeos que se traten en otro país tendrán menos dificultades, desde que ha entrado en vigor la nueva legislación europea sobre sanidad transfronteriza. La directiva establece normas claras y limita, al mismo tiempo, el llamado turismo sanitario que, según el gobierno le cuesta a España 1000 millones de euros anuales.

Los pacientes tendrán libertad para tratarse en otro país pero se exigirá autorización previa si va a ser hospitalizado, va a recibir tratamientos especialmente costosos o en casos específicos como determinadas enfermedades raras.

El país de origen del paciente podrá denegarle la autorización si su sistema no cubre ese tratamiento y, cuando lo autorice, el paciente adelantará el importe.
Después, el país de origen le compensará, pero según su escala de precios. Así, los países más pobres evitarán tener que pagar mucho más si la factura proviene de un país más rico.

Según la ponente del texto en el Parlamento Europeo, la eurodiputada Françoise Grosstête, “la autoridad sanitaria nacional le reembolsará la misma cantidad que si estuviera usted siendo tratado en su propio país”.

Pero el comisario europeo de salud advierte: “Un ciudadano podrá denunciar a su propio gobierno si cree que se le ha denegado la autorización de forma injusta”.

Cada país establecerá un punto de información para los ciudadanos. Según las organizaciones europeas de pacientes, la nueva norma es un paso adelante pero aún presenta algunos inconvenientes: “Los pacientes deberán pagar por adelantado para recuperar su dinero después. Creemos que esto supondrá una barrera para muchos pacientes que necesiten este tipo de atención”, opinan.

La atención sanitaria transfronteriza representa un 1% del gasto público sanitario en Europa. La emplean sobre todo turistas que sufren alguna urgencia y los habitantes de regiones fronterizas. La eficicacia de la directiva dependerá de cómo la apliquen los países. Se hará un primer balance en 2015.