PUBLICIDADEl fiscal general del Estado Español, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado hoy su renuncia ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Torres-Dulce ha finalizado su cargo después de tres años al frente alegando que sus razones se deben a “motivos personales”. También ha dicho que su intención ahora es volver a formar parte de la fiscalía del Tribunal Constitucional, donde era el fiscal de sala.
Aunque el fiscal ha anunciado que su dimisión se debía a asuntos personales, los opositores han pedido a Rajoy que comparezca para explicar las razones de la renuncia, ya que sus años al frente de la Fiscalía se han caracterizado por fuertes tensiones con el Gobierno.
Antonio Heraldo, portavoz socialista en el Congreso, ha dicho que “el presidente ha forzado la dimisión del fiscal” y que por eso “tiene que venir a explicarlo”. “No le controlaba”, ha puntualizado refiriéndose a su independencia a la hora de actuar.
Izquierda Unida también ha nombrado a Rajoy como responsable de la renuncia de Torres-Dulce. “Ha venido al Congreso a contarnos sus medidas anticorrupción y lo que está empezando a poner en marcha son las medidas para tapar la corrupción y garantizarse la inmunidad”, ha dicho el diputado Gaspar Llamazares.
Torres-Dulce había manifestado reiteradamente que su actuación se mantendría siempre distante a las voluntades del Gobierno y que actuaría con absoluta independencia.
Los casos de corrupción de Bárcenas del caso Gürtel habrían iniciado las desavenencias con el Gobierno.
La investigación de la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez ha sido una de las pesquisas que más tensaron la relación entre el fiscal y el Gobierno. La última dimisión relacionada con el escándalo de corrupción que afecta al Partido Popular fue la de la ministra de Sanidad Ana Mato, que dejó el cargo el pasado 26 de noviembre tras ser imputada por el juez instructor Pablo Ruz.
Otro de los casos de corrupción en torno al partido en el Gobierno es el que implica a su extesorero Luis Bárcenas, actualmente encarcelado, y la supuesta contabilidad “B” que habría beneficiado a numerosos cargos del PP.
La querella contra Mas por la consulta de independencia de Cataluña incrementó aún más la tensión existente entre ambas partes. El Gobierno habría querido que la Fiscalía actuara con más rapidez. Finalmente, la Fiscalía interpuso una querella al presidente de la Generalitat por desobedecer la suspensión de la consulta del 9-N.
En su última comparecencia ante el Parlamento, la oposición reprochó a Torres-Dulce haber actuado bajo las órdenes del Ejecutivo, a lo que él contestó con el ejemplo de Bárcenas, a quien investigó siendo antiguo tesorero del PP.
Hace varias semanas, el propio ex fiscal manifestó que no actuaba a favor de Rajoy y el Gobierno: “No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer, porque sería un delito. Si tengo que sostener una posición contraria al Gobierno, la sostengo”, dijo.
Pese a la difícil relación, Rajoy no podía destituir al fiscal general porque los cambios legales actuales impiden el cese titular del ministerio público salvo causas de fuerza mayor. Quizá por esta misma razón, fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es apuntan que Torres-Dulce ha sufrido una “dimisión inducida”.