Cuando la guerra civil entre el norte y el sur de Sudán se encontraba en su punto álgido en 2003 empezaron a llegar informes preocupantes de Darfur
PUBLICIDADCuando la guerra civil entre el norte y el sur de Sudán se encontraba en su punto álgido en 2003 empezaron a llegar informes preocupantes de Darfur, la región occidental del país.
Grupos de la oposición liderados por el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad comenzaron a atacar objetivos gubernamentales, acusando al Gobierno de favorecer a la población árabe frente a la negra.
El Gobierno afirmó haber movilizado “fuerzas de autodefensa”, aunque negó su relación con los yanyauid, acusados de expulsar a los africanos no árabes de Darfur.
‘Genocide’
La ONU ha denunciado que más de 300.000 personas han muerto y más de dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el inicio del conflicto. Los refugiados acusan al Gobierno de ataques aéreos, que son seguidos por ofensivas de los yanyauid, que matan a los hombres y violan a las mujeres.
Los medios de comunicación internacionales y Estados Unidos lo han calificado de genocidio contra la población negra, no así la ONU.
En 2006 se firma un acuerdo de paz. Sin embargo, no fue rubricado por todas las facciones rebeldes.
En 2007, Sudán dio acceso a una misión de paz de la ONU y la Unión Africana.
En 2009, el presidente Omar al Bashir, se convierte el primer jefe de Estado en activo en ser acusado por crímenes de guerra por la Corte Internacional Criminal. El Gobierno sudanés respondió expulsando del país a 13 grupos de ayuda internacional. La corte resolvió en una orden de arresto para al Bashir en el 4 de marzo del 2009 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero determinó que no había suficiente evidencia para procesarlo por genocidio.
La violencia en Darfur aumentó de nuevo en 2013 y 2014, dejando más de un millón y medio de desplazados.
En febrero de 2015, Human Rights Watch denunció que más de 200 mujeres y niñas habían sido violadas en Darfur el año anterior por las fuerzas gubernamentales. El Ejército y el Gobierno negaron las acusaciones.