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Cientos de personas piden en Bucarest la dimisión del primer ministro rumano

La protesta fue organizada por el opositor Partido del Movimiento Popular frente a la sede del Gobierno. El socialdemócrata Victor Ponta está siendo

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Cientos de personas piden en Bucarest la dimisión del primer ministro rumano

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La protesta fue organizada por el opositor Partido del Movimiento Popular frente a la sede del Gobierno.

El socialdemócrata Victor Ponta está siendo investigado por varios delitos que habrían sido cometidos principalmente, antes de acceder al cargo. Entre ellos falsificación de documentos, complicidad en evasión de impuestos y blanqueo de capitales.

La ofensiva anticorrupción en la que está inmersa la Fiscalía rumana llegó hoy al propio primer ministro del país, contra el que se ha abierto
una investigación por la presunta comisión de varios delitos
principalmente en 2007 y 2008.

Ponta, de 43 años, es sospechoso de “17 cargos por falsificación de documentos, complicidad en evasión de impuestos y blanqueo de dinero”, explicó en un comunicado la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), ante la que el primer ministro compareció hoy para ser informado del comienzo de las pesquisas sobre él.

Anticorrupción acusa a Ponta de haber recibido 50.000 euros en 2011, un año antes de ser elegido jefe de Gobierno, por parte de un antiguo socio, Dan Sova, al que luego nombró ministro.

La investigación sostiene que para justificar esos ingresos, Ponta emitió facturas falsas con fecha de 2007 y 2008 por supuestos trabajos de asesoría legal para el bufete de Sova.

Aparte de por falsificación, lavado de dinero y evasión fiscal, a Ponta se le investiga por conflicto de intereses, ya que él fue quien nombró ministro a Sova en dos ocasiones, en 2012 y 2014.

Tras hacerse pública la investigación el presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, pidió a Ponta que dimita al entender que su presunta implicación pone al país en una “situación imposible”.

“Lo peor que podría pasar es una crisis política. Por este motivo, solicito la dimisión del primer ministro”, señaló Iohannis tras reunirse con Ponta, quien rechazó de inmediato tal posibilidad a través un mensaje en su página de la red social Facebook.

“Respeto su posición pública (del presidente), pero he sido designado por el Parlamento de Rumanía y sólo el Parlamento me puede destituir”, escribió Ponta. “Creo que respetar los principios constitucionales es esencial para nuestra sociedad y en ningún caso puedo aceptar que un fiscal esté por encima del Parlamento, del Gobierno y de los ciudadanos de este país”, argumentó.

Según Ponta, “esto significaría una dictadura y creo que, 25 años después de 1989 (el final del sistema comunista), sería un gran error para todos nosotros”.

La Fiscalía ha solicitado al Parlamento que retire la inmunidad a Ponta para que pueda ser juzgado, una tarea complicada debido a la mayoría de que goza la coalición gobernante de centroizquierda.

El opositor Partido Nacional Liberal ha anunciado la presentación de una moción de censura contra Ponta, aunque, de nuevo, la aritmética parlamentaria hace difícil que prospere.

Tras conocerse la noticia, el leu, la moneda romana, se depreció un 0,8 por ciento respecto al euro. Sova, actualmente diputado, está siendo investigado por “abuso de poder” en tres expediente que se remontan a 2007 y 2008, cuando también ejercía como abogado.

El acecho legal al entorno de Ponta no se queda sólo ahí: trece miembros de los distintos gobiernos Ponta desde 2012 han sido condenados o están bajo la lupa de la DNA. Entre ellos, se encuentran el exministro de Desarrollo Regional Liviu Dragnea, sentenciado en mayo a un año de prisión por fraude en el referéndum de destitución del expresidente conservador Traian Basescu, y el antiguo responsable de Finanzas Darius Valcov, acusado de haber recibido dos millones de euros de soborno.

La familia de Ponta también está en el punto de mira de la justicia: su suegro está acusado de restitución ilegal de decenas de hectáreas de bosques y su cuñado de fraude de fondos europeos. Asimismo, Ponta ha soportado el escándalo que supuso la acusación de plagio de su tesis doctoral, destapado por la revista científica Nature, lo que le obligó el pasado diciembre a renunciar al título de doctor.

Rumanía está siendo vigilada atentamente por la Unión Europea, sobre todo en los capítulos de la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción, condiciones imprescindibles para que el país acceda en breve al espacio Schengen de libre tránsito.