España se prepara para vivir una semana de movilizaciones contra la llamada Ley Mordaza, que si nada lo remedia, entrará en vigor el 1 de julio. La
PUBLICIDADEspaña se prepara para vivir una jornada de movilizaciones contra la llamada Ley Mordaza, que si nada lo remedia, entrará en vigor el 1 de julio.
La aprobación de la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana ha desatado una importante oleada de rechazo de una amplia mayoría social, organismos nacionales e internacionales como la ONU, o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa la han criticado con dureza, y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.
Con la cuentra atrás para su entrada en vigor activada, diversos colecticvos han organizado una serie de manifestaciones en todo el país para denunciar la acción del Gobierno, que a su juicio responde a las demandas legítimas de la sociedad con unas leyes que criminalizan la pobreza, la solidaridad y la legítima protesta.
Muchas de las convocatorias se han realizado pocas horas, o pocos minutos antes de que la ley entre en vigor.
De Norte a Sur, De Este a Oeste nos manifestamos contra las #LeyesMordaza#SinMordazaspic.twitter.com/x4gBTz4bJ7
— NoSomosDelito (@Nosomosdelito) junio 25, 2015
Otras, un minuto después.
#YoConvoco¿Y tú? #SinMordazaspic.twitter.com/GuBrXgCEhb
— Comisión Legal Sol (@LegalSol) junio 25, 2015
Aunque algunos de sus puntos más controvertidos han ido desapareciendo o suavizándose a medida que avanzaba la tramitación, el texto mantiene la principal objeción que hace unánimemente la oposición: convierte en sanciones administrativas sin intervención judicial lo que antes eran juicios de faltas en los que decidía un juez, como manifestarse en las inmediaciones del Congreso, por ejemplo.
También se permite castigar a quien convoque manifestaciones a través de internet. Con la reforma del Código Penal, si se considera que se utiliza Internet para “subvertir el orden constitucional” por poner un ejemplo, se puede considerar delito terrorista.
Presentada con el objetivo declarado de garantizar las libertades públicas, que según el Ejecutivo conservador estarán mejor reguladas y protegidas, la Ley nació como respuesta a las primeras protestas de la legislatura.
Para los activistas, en cambio, es “un intento claro de frenar las nuevas formas de protesta, como impedir los dasahucios, en un contexto económico de crisis que ha creado un potente frente antiausteridad.
Algunos grupos hablan incluso de la peor noticia para la democracia española desde la era de Franco
La nueva Ley establece una catalogación de infracciones de leves a muy graves, que además de las posibles sanciones penales, pueden suponer multas administrativas, sin control judicial, de has 600.000 euros.
Infracciones muy graves
Conllevan multas que van de 30.000 a 600.000 euros, y son por citar sólo algunas:
Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas. Los Indignados acampados en Puerta del Sol en 2011, por ejemplo, podrían haber sido multados con 600.000 € bajo la nueva Ley.
Con esa misma cantidad se multa la celebración de espectáculos públicos, como conciertos, prohibidos por razones de seguridad.
Infracciones graves
Pueden acarrear multas de 1.001 a 30.000 euros:
Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.
La perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
La participación en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación.
Desde que existe la plataforma antidesahucios PAH, más de 1.000 desalojos han sido abortados en España.
Es decir, los activistas han impedido a un poder público realizar una acción. Y para hacerlo han incurrido en desórdenes públicos. Si no han sido graves, se enfrentan a una multa que puede alcanzar los 30.000 euros.La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos, celebradas con inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito.
El consumo, el cultivo o la tenencia ilícitos de drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.
Infracciones leves
Suponen multas de 100 a 1.000 euros:
La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones
Las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
La ocupación de cualquier espacio común, público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley
Definición de terrorismo
En el nuevo Código Penal, que ha sido aprobado por primera vez con los votos de un solo grupo, la definición del delito de terrorismo introduce conceptos tan amplios y vagos que actos que hasta ahora merecían un determinado reproche penal pasarán a ser castigados con la severidad de un acto terrorista.
Los detractores del texto temen que criticar al gobierno, a las fuerzas de seguridad o a la monarquía lleve a acusaciones de terrorismo o a un uso desproporcionado de la ley.
Visitar regularmente páginas web con contenido terrorista, filtrar documentos o difundir “públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo también serán abarcados por la nueva Ley.
Inmigración
El texto inicial permitía a la policía española envíar los inmigrantes a Marruecos cuando los detenían saltando las vallas de Ceuta y Melilla “en grupos”. Aunque se han hecho modificaciones, las organizaciones de derechos humanos temen cómo se implementarán.
PUBLICIDADTambién permite controles arbitrarios de personas “por su apariencia o raza” según las ONG, ya que la policía puede pedir que se identifique a cualquier persona que cubre, total o parcialmente su rostro.
Organizaciones que critican el Texto
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
Greenpeace
Spain's new gag laws make a mockery of democracy. €600,000 in fines for hanging banners! http://t.co/xyeRzkMiropic.twitter.com/kaYSz8CuYS
— Greenpeace (@Greenpeace) abril 3, 2015
PUBLICIDADEcologistas en Acción
Porque el planeta no es vuestro, nuestros cuerpos tampoco y nuestras bocas aun menos. Porque queremos vivir #SinMordazas. #YoConvoco
— EcologistasenAcción (@ecologistas) junio 25, 2015
Consejo editorial del New York Times
Texto completo de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal