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La amalgama terrorismo-inmigración cala en la escena política francesa tras los atentados

El Sindicato de la Magistratura habla simplemente de la suspensión, aunque sea temporal, del Estado de derecho. Así ha reaccionado el conjunto de los

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La amalgama terrorismo-inmigración cala en la escena política francesa tras los atentados

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El Sindicato de la Magistratura habla simplemente de la suspensión, aunque sea temporal, del Estado de derecho.

Así ha reaccionado el conjunto de los magistrados frenceses a través de un comunicado tras la instauración del estado de emergencia por el presidente Hollande como respuesta a los atentados de París.

Una medida que no ha suscitado un gran debate en la clase política volcada, sin embargo, en otro más polémico y electoralista: la crisis de los refugiados, a unas semanas de la primera vuelta de las elecciones regionales del 6 de diciembre.

La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, fue la primera en saltar a la palestra cuando, el pasado domingo, se encontró un pasaporte de un hombre sirio que fue registrado por las autoridades griegas de Leros el 3 de octubre, junto al cadáver de uno de los terroristas en el estadio de fútbol de Saint Denis. Pese a que el vínculo aún no ha sido establecido al 100%, poco importa, ha servido de mecha para incendiar el debate político en torno a la fácil amalgama entre terrorismo e inmigración.

La presidenta del partido ultraderechista fue implacable tras su reunión con el presidente Hollande al asegurar que la identificación de ese terrorista probaba que los yihadistas están introduciéndose en Europa aprovechando la ola de refugiados y que había que volver al cierre de las fronteras y prohibir la entrada de los refugiados, “para evitar que sean diseminados por nuestros campos”, zonas rurales donde el Frente Nacional tiene su masa electoral.

“Un migrante entre los terroristas: paremos la entrada de migrantes en nuestro territorio”, puede leerse en este tuit reciente:

Moratoria, expulsiones, evitar la diseminación de migrantes …

En los días que siguieron, este tipo de discurso dejó de ser un tabú y muchos otros políticos comenzaron a rivalizar en propuestas para frenar el flujo de refugiados considerado una amenaza yihadista en ciernes. Por ejemplo, Roger Karoutchi, antiguo secretario de Relaciones con el Parlamento del gobierno de derechas de François Fillon y actual senador, dijo en su cuenta de twitter que “en función de las informaciones sobre los kamikazes, no debemos dejar entrar a ningún migrante más en Francia”:

La siempre controvertida, Nadine Morano, miembro del partido Los Republicanos que preside el expresidente Nicolás Sarkozy, intentó distinguirse añadiendo una capa más: “lo que está llegando a Europa es una armada de hombres jóvenes.” En su cuenta de twitter abundan mensajes en los que pide la paralización de la acogida y repartición de “clandestinos de Calais en los pueblos de Francia”:

Nicolás Sarkozy dio alas a sus correligionarios al exigir una nueva política de inmigración al salir de su reunión con Hollande, remarcando, sin embargo, que su propuesta no tenía “nada que ver con los atentados”.

Jacques Myard, uno de los fundadores de la Derecha Popular, el ala más conservadora de Los Republicanos, se atreve a hablar de “una quinta columna”:

Otro miembro de su partido, Éric Ciotti, presidente del consejo departamental de Alpes-Maritime ha llegado a pedir una “moratoria para la acogida de migrantes”:

La deriva antirefugiados va pareja a otra no menos peligrosa, según el Sindicado de la Magistratura, la privación de las libertades públicas y el segundo plano en el que queda el poder judicial ante las nuevas prerrogativas de los servicios bajo la tutela del primer ministro.

El secretario de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, conocido por su posición ultraconservadora, llegó a proponer, el pasado sábado, “el internamiento en centros antiterroristas de las 4 000 personas presentes en el territorio francés fichadas por terrorismo”. Una medida que relega las funciones del juez de instrucción al ostracismo:

La nueva ley sobre información permite una verdadera vigilancia de masas

En una Francia “en guerra” tal y como la ha definido Hollande, hablar de libertades públicas puede parecer secundario, sin embargo, el giro que está adoptando la República francesa inquieta a los jueces. Los atentados de Charlie Hebdo y el supermercando Cacher del pasado mes de enero pusieron las bases de la Ley de información aprobada en junio, una remodelación sin precedentes de los servicios de seguridad galos.

Una ley que otorga nuevas prerrogativas al ministerio del Interior para poner en marcha una verdadera vigilancia de masas sin necesidad de control judicial. El texto define situaciones que permiten la utilización de ciertas técnicas intrusivas consideradas, hasta entonces, ilegales.

Mas allá de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, los servicios de información están encargados de la defensa de los intereses en política extranjera, económicos-industriales y científicos, así como de la ejecución de los compromisos internacionales de Francia y la prevención de los ataques a la forma republicana de las instituciones. Toda violencia colectiva que pueda perturbar la paz pública, también, es prerrogativa suya.

Fórmulas con una interpretación variable a la que se suman una nueva panoplia de técnicas como la utilización de balizas de geolocalización, la solicitación en tiempo real a los proveedores de acceso a Internet para obtener datos o la utilización de dispositivos móviles (Imsi Catcher) a modo de antenas repetidoras que permiten interceptar todas las comunicaciones móviles en un area geográfica próxima.

Esta concentración de poderes en manos del ejecutivo deja a los ciudadanos indefensos ya que solo pueden presentar un recurso si se estiman víctimas de una vigilancia injustificada ante el Consejo de Estado que evalúa la pertinencia de la demanda. El procedimiento, además, es secreto y el demandante no tiene, prácticamente, acceso a la información.

Francia, “un país bajo vigilancia”, según Reporteros sin Fronteras

Para el juez, Marc Trévidic, al mando durante diez años del Departamento Judicial Antiterrorista, “la fuerza del sistema judicial francés ha quedado, simplemente, aniquilada” puesto que, durante 30 años, reposaba en la preeminencia de los jueces, en su capacidad para establecer estrategias y anticipar antes de que los terroristas pasaran al acto. La nueva ley votada en junio otorga todo el poder a los servicios de información bajo tutela del Ejecutivo sin control judicial.

Francia es el único país de la Unión Europea y uno de los pocos del Consejo de Europa (junto a Rusia y Turquía) en haber sido incluido en la lista de “países bajo vigilancia”, según un informe de Reporteros sin Fronteras de 2012. El pasado mes de abril, cuando la ley de información era solo un proyecto, la página web francesa, Altern.org, uno de los actores franceses más anclados en Internet (1992), decidió instalarse en Noruega como reacción al proyecto de ley.