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Bélgica: Aumenta el número de expulsiones de inmigrantes europeos

Bélgica cuenta con más de un millón de inmigrantes en un país cuya población total no llega a los 11 millones y medio de personas. Cerca del 70% son

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Bélgica: Aumenta el número de expulsiones de inmigrantes europeos

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Bélgica cuenta con más de un millón de inmigrantes en un país cuya población total no llega a los 11 millones y medio de personas. Cerca del 70% son europeos de la UE, procedentes sobre todo de Italia, Francia y Países Bajos.

En estos últimos años, la política migratoria belga en relación a los europeos se ha endurecido y ha aumentado notablemente la retirada de permisos de residencia: se ha pasado de los 8 casos en 2008 a los más de 2.000 en 2014. Entre 2008 y 2015, se han contabilizado hasta 10.000 órdenes de abandono del territorio nacional.

Estamos en Amberes, en el norte del país. Entre aquellos que se encuentran en riesgo de perder sus permisos de residencia está Giorgia. Después de 28 años de trabajo en la industria textil en Italia, esta costurera decidió instalarse en esta ciudad con su novio belga. Está estudiando idiomas y trabaja como voluntaria. En la oficina de empleo le dijeron que estaba sobrecualificada para el tipo de trabajo que le podrían ofrecer aquí. En noviembre de 2013, le comunicaron que tenía que abandonar el país.

“Se llevaron mi carnet de identidad belga diciendo que mi archivo en Bruselas estaba vacío y que no había mostrado voluntad de comprometerme a hacer lo que el país pedía para poder quedarme. Una verdadera locura”, explica Giorgia.

Giorgia nunca ha pedido ayudas sociales, pero la administración considera que podría hacerlo.

“No he pedido ayudas. Es lo primero que le dijo mi novio a la responsable del caso. Ella le contestó que era en caso preventivo, porque podría hacerlo, no se sabe en qué año o en qué siglo”, cuenta.

La ley europea permite las expulsiones de europeos con pocos recursos económicos pero Giorgia y su novio, Sven, han decidido recurrir para mostrar a la administración sus esfuerzos de integración.

El juez de apelación le ha dicho que puede quedarse en el país por ser pareja de un ciudadano belga y por estar en búsqueda activa de empleo.

“Aún tenemos algo de miedo, porque es algo que no imaginábamos. Esperemos que ahora todo esté en regla”, dice Sven.

Los europeos expulsados que no han podido solucionar su caso continúan viviendo en Bélgica de forma clandestina, sin papeles, a la espera de encontrar un motivo para volver a solicitar el permiso de residencia.

Vamos a conocer a una española que ha decidido hablar pero sin desvelar su identidad ya que su recurso judicial está en marcha. La vamos a llamar Nadia. Hoy ha recibido la visita de dos activistas de Europe4people, una plataforma de asociaciones españolas, griegas, italianas y belgas que está en contra este aumento de expulsiones de europeos.

Nadia llegó a Bruselas en 2012. Trabajando como empleada de limpieza, se lesionó. Recibió asistencia social, pero en octubre del año pasado la administración municipal le retiró el permiso de residencia.

“Me dijo que: ‘Vous etes Europeenne et… vous venis ici pour travailler et pas pour estudier’, porque después yo le comenté que yo estaba estudiando y no me quiso escuchar, no quiso ver mis pruebas de que estuve buscando trabajo. Me dijo que tenía 30 días para dejar el país. Que si en 30 días no me iba y la policía venía, que me podían multar”.

La directiva europea permite expulsar a los europeos que no puedan demostrar que están buscando trabajo. Pero Bélgica, según esta abogada española, ha implementado controles estrictos y sistemáticos contra los parados europeos que reciben ayudas sociales.

“En Bélgica se estaba haciendo un control sistemático de las personas que se quedaban sin recursos o que no tenían recursos y sistemáticamente se les entregaba una orden de expulsión. Ese control sistemático, la directiva lo prohíbe expresamente”, dice Sara Lafuente Hernández, de Europe4people.

La asociación Europe4people ofrece asesoramiento y le ha proporcionado a Nadia la ayuda de un abogado de manera gratuita. Desde su expulsión ha perdido las ayudas sociales, pero acaba de encontrar un empleo y quiere presentar una apelación.

El abogado le explica que, en su caso, las autoridades belgas notificaron la decisión con dos años de retraso y que no reconocieron su estatuto de trabajador de baja médica.

Por lo tanto, no aplicaron correctamente la ley europea de movilidad de los trabajadores:

“Según la normativa europea, ser trabajador te proporciona derecho de residencia. Ser trabajador no solo significa que tienes trabajo, también se aplica a las personas que han estado trabajando pero que han sufrido un accidente de trabajo. Así que durante el tiempo que esa persona está enferma o recuperándose del accidente sigue teniendo el estatus de trabajador”, explica Anthony Valcke de EU Rights Clinic.

En la Oficina de Inmigración de Bruselas es donde se toman las decisiones de expulsión, siguiendo la política de la Secretaría de Estado belga de Asilo e Inmigración. El objetivo: combatir el turismo social de los ciudadanos europeos considerados una carga para el sistema social belga.

Según el portavoz, Geert de Vulder, en 2015, 1.700 europeos recibieron la orden de abandonar el territorio belga, sobre todo rumanos, españoles, búlgaros e italianos.

Desde 2011, la Oficina de Extranjería trabaja estrechamente con el departamento de asuntos sociales, que le informa de los europeos que reciben ayudas.

“Si no contribuyen por ellos mismos al sistema social o nunca han contribuido al sistema social belga solo obtienen beneficios y, entonces, se les retirará el estatus”, afirma el portavoz.

Hoy, el abogado de Nadia va al consejo de contenciosos de extranjeros donde se realizan las apelaciones. Quiere presentar de aquí a finales de marzo un registro de cien casos de ciudadanos comunitarios expulsados por una aplicación demasiado rígida de la ley europea.

Espera que con este documento la Comisión abra un proceso de infracción contra Bélgica.

“La ley europea exige que tiene que haber una evaluación individual de las circunstancias de cada persona antes de que sea expulsada. Y lo que vemos, desgraciadamente, es que la evaluación no es lo suficientemente individual y personalizada. Las cartas que han recibido estas personas no indican a la gente qué tipo de documentos tienen que aportar y no les dicen que deberían de recibir asesoramiento legal en esta fase”, dice Valcke.

Anthony Valcke quiere comparar las cifras de expulsiones en la UE. Francia, Bélgica, el Reino Unido y los Países Bajos son los países que acumulan el mayor número de ellas. Este abogado trabaja en colaboración con los sindicatos belgas e italianos para presionar a las autoridades europeas por el caso belga.

El secretario federal de la Federación General del Trabajo en Bélgica, Jean-Francois Tamellini, habla con un sindicalista italiano sobre la estrategia a seguir en los próximos meses.

Tras la petición de Londres de reducir las ayudas sociales a los trabajadores europeos, temen que otros países sigan su ejemplo.

“Mi temor es que la Comisión Europea vea lo que ha ocurrido con el Brexit, vea la situación general de los inmigrantes, incluyendo los que no pertenecen a la UE y opte por una posición dura. Queremos dar un paso adelante por la libertad de circulación de capitales y la circulación de ciudadanos y la Comisión se arriesga a restringirlo”.

Los sindicatos luchan para que los derechos sociales de los ciudadanos sean reconocidos en el nuevo país en el que se han establecido. En el caso de Giorgia, ella ha trabajado y cotizado 28 años en Italia.

“Todo iba bien mientras que lo que se movía eran simplemente mercancías. Ahora también son personas y nadie hace nada para evaluar esto. Tengo la impresión de que cada país está reforzando las fronteras y no consideran estos intercambios como oportunidades”, dice Giorgia.

Las leyes europeas sobre el reconocimiento recíproco de los derechos sociales existen, pero no siempre son bien aplicadas por los Estados miembros.

En 2012, diez millones de europeos residían en un Estado miembro diferente al suyo, es decir un 2% de la población de la Unión Europea.