Burkina Fasso apuesta por su oro y otras riquezas mineras, pero ¿a qué precio?

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Por Euronews
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Nos encontramos a un centenar de metros bajo tierra, en las galerías de la mina de oro de Bagassi en el oeste de Burkina Faso.

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Nos encontramos a un centenar de metros bajo tierra, en las galerías de la mina de oro de Bagassi en el oeste de Burkina Faso.

Es una de las nueve minas de oro oficiales que hay en el país cuya explotación está a cargo del grupo canadiense Roxgold, sin participación estatal como en la mayoría de las otras explotaciones.

La explotación minera ha contribuido a aumentar el presupuesto del Estado de 2008 a 2013 (de los 13,5 millones de euros de ingresos procedentes del sector minero en 2008 a los 291,8 millones de euros en 2013, el año que más se recaudó), ingresos que han decaído desde hace dos años, según un informe parlamentario 2015 la recaudación fue de 256 millones de euros)

“Tenemos que mejorar la competitividad del sector minero, que sea atractivo. Tenemos, también, que hacer esfuerzos en términos de infraestructuras como la electricidad, el agua y las carreteras, infraestructuras en general, así como ayudar a que el contexto para los negocios sea favorable. El Gobierno trabaja en ello”, asegura el primer ministro de Burkina Faso, Paul Kaba Thieba.

La ley sobre minería fija a 1% la tasa sobre el volumen de negocio de cada mes, un impuesto muy ventajoso que, sin embargo, no siempre es pagado al Estado. Entre 2010 y 2015, siete de las 12 empresas mineras con licencia en el país no pagaron los dividendos que establece la legislación.

Para obligar a las empresas a hacerlo y a que declaren sus verdaderas ganancias, el gobierno debería, según una recomendación parlamentaria, redoblar esfuerzos a la hora de controlar la actividad minera implicando a las colectividades locales, los servicios de aduanas y fiscales.

Otra de la problemática del sector es la dispersión de los permisos de búsqueda y explotación, más de 700 desde 2005 y, en muchos casos, son otorgados a organismos o personas no profesionales. La mayoría de los titulares de minas actualmente explotadas no poseen un permiso legal (página 10 del informe)

Sobre la base de estas informaciones se estima que se ha generado un mercado de unos 65 millones de euros que elude toda tasación sobre los beneficios.

La investigación parlamentaria sobre el sector minero recomienda al Estado, también, dotarse de un programa de transferencia de competencias de los expatriados hacia las comunidades locales.

El Gobierno evoca la creación de 17 000 puestos de trabajo en los próximos años, una profesionalización de un sector donde la mayoría de la población trabaja de manera informal.

Moumouni Séré dirige un centro de formación especializado en la formación de obreros y técnicos del sector minero:

“Hasta hoy, los puestos cualificados están siendo ocupados casi, exclusivamente, por los expatriados porque no existen esas competencias a nivel local. Nuestro trabajo consiste en formar a la gente, una vez que adquieran las competencias necesarias deberían acceder a los puestos que ofrece el sector minero.”

Eso es lo que asegura la ministra de Finanzas, Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly: “Las minas son un sector prometedor para la economía de Burkina Faso, hace falta que la población se sienta concernida y aprecie el valor que aporta el sector minero. Por eso trabajamos, para mejorar las condiciones de aquellos que trabajan en el sector minero y a favor de las poblaciones locales.”

La explotación de la mina de Bagassi, más conocida como Yaramoto, ha transformado la economía local. Muchos campesinos y ganaderos se han orientado hacia la minería. Los jóvenes, también, se ven atraídos lo que ha fomentado el abandono escolar, según una investigación parlamentaria.

Makoura cocina para los trabajadores de la mina: “Antes vendía mi comida en el pueblo por poca cosa, ahora gano más.”

El gobierno espera impulsar el crecimiento económico en un 8% para 2020 gracias al sector minero, aunque no hay que olvidar las problemáticas que esto implica, sobre todo a nivel mediambiental, con la degradación de las tierras cultivables, la contaminación de los acuíferos o la reducción de las zonas de pastoreo, entre otros desafíos citados en la investigación parlamentaria.

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