El Supremo británico obliga a May a consultar al Parlamento antes del "brexit"

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El entusiasmo de los proeuropeístas británicos ha durado poco. El Gobierno de Londres ha anunciado que presentará en breve “un proyecto de ley” para iniciar la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que pone en marcha la salida de un país de la UE.
Es la respuesta al fallo del Tribunal Supremo, que esta misma mañana se pronunciaba a favor de que el Ejecutivo someta al Parlamento la decisión de activar el “brexit”. “Cuando el Reino Unido se retire de los tratados de la Unión Europa, se eliminará una fuente legislativa para el Reino Unido y se modificarán algunos derechos de los ciudadanos del Reino Unido. Por lo tanto, el Gobierno no puede activar el artículo 50 sin la autorización del Parlamento”, aseguraba el juez encargado de leer el fallo.
Con mayoría de ocho a tres, los jueces de la máxima instancia judicial británica desestimaban así el recurso presentado por el Ejecutivo contra una sentencia anterior.
El “brexit” tendrá pues que pasar por la Cámara, pero para el ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, ya no hay vuelta atrás: “Vamos a presentar próximamente un proyecto de ley para activar cuanto antes el Artículo 50 con el que se iniciará el proceso formal para abandonar la Unión Europea”, aseguraba.
A pesar de la decisión del Supremo el Gobierno conservador británico quiere mantener el calendario fijado para comunicar a Bruselas la retirada del Reino Unido de la UE antes de finales de marzo para salir del bloque comunitario definitivamente en la primavera de 2019.
Pero el trámite parlamentario podría provocar retrasos. Los independentistas de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon están dispuestos a presentar hasta 50 enmiendas al texto legislativo, lo que podría retardar su aprobación y, por ende, la invocación del artículo 50.
“El primer ministro inició la semana pasada el camino hacia el más duro de los “brexits”. No creo que haya una mayoría para eso en la Cámara ni en el país”, decía.
La decisión judicial no anula ni modifica el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, cuando los británicos votaron mayoritariamente a favor de abandonar la familia europea. Sin embargo en Escocia e Irlanda del Norte la mayoría de ciudadanos votaron para quedarse.