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¿Permitiría que un extraño tuviera acceso a su teléfono?"


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¿Permitiría que un extraño tuviera acceso a su teléfono?"

La conocida como Snooper’s charter lo permite. En un video rodado en las calles de Londres por la ONG británica de defensa de los derechos civiles Liberty, una actriz simula piratear los teléfonos de varios viandantes. En otra escena, se la ve en la entrada de las oficinas del Ministerio del Interior solicitando acceso al servidor. La reacción de los ciudadanos muestra el rechazo a una injerencia tal que, sin embargo, ha sido autorizada en el Reino Unido en virtud de la Acta de Poderes Investigativos aprobada en el mes de diciembre

Coloquialmente denominada, la “Carta de los fisgones”, la ley pretende reforzar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Permite el acceso, recolección y análisis de datos personales a los servicios de información y de policía, así como a una cuarentena de servicios estatales que van desde la Agencia de Seguridad Alimentaria a las Cajas de Pensiones. El sistema de vigilancia más intrusivo de la historia de la democracia, según sus detractores.

“Nuestras comunicaciones, a quién enviamos un correo electrónico, llamamos por teléfono, enviamos un sms y cuándo, toda nuestra actividad en internet, todo esto puede ser interceptado sin motivo criminal alguno. No es necesario, siquiera, identificar el objetivo de la retención masiva de comunicaciones. La policía y los servicios de inteligencia pueden piratear un ordenador o miles, sin necesidad de especificar quién es el objeto de la investigación. Tampoco tienen por qué informar a las personas inocentes que han sido sujetas a vigilancia. Eso significa que miles de personas se verán afectadas, que podría haber una intrusión masiva en sus vidas privadas, en sus teléfonos, sus llamadas y que ni siquiera sabrán si han sido objeto de esa vigilancia”, explica Silkie Carlo de la ONG Liberty.

Una de las medidas más controvertidas concierne nuestra vida en internet. Las firmas de telecomunicaciones están obligadas, por ley, a conservar, durante un año, la lista de cada sitio web visitado por sus clientes.

La Corte Europea de Justicia no tardó en dar la razón, dos semanas después, a dos antiguos miembros del Parlamento británico quienes arguyeron que la retención masiva de comunicaciones es ilegal.

Una decisión que mantiene en el limbo a la ley mientras el Reino Unido permanezca en la Unión Europea.

David Anderson, experto independiente en leyes antiterroristas británicas, ha sido encargado de evaluar el texto:

“Cada poder utilizado por la policía y los servicios de información en este país están definidos de manera clara. Eso no ocurría antes y no podemos decir que sea el caso en la mayoría de los países del planeta. He basado mi conclusión en el estudio de 60 casos específicos en los que tales poderes han resultado de una gran utilidad. Por ejemplo: en cuestiones de ciberataques procedentes de poderes extranjeros hostiles, en casos de secuestro o de desapariciones y, por supuesto, en investigaciones criminales.”

Una eficacia que no todos comparten. En 2013, el asesinato en plena calle del soldado británico, Lee Rigby, a manos de dos extremistas islamistas causó una gran conmoción.

Los dos hombres estaban fichados por los servicios de inteligencia que habían interceptado comunicaciones con detalles sobre su proyecto macabro. Informaciones que pasaron desapercibidas. La ingente masa de datos de la que disponen las agencias de inteligencia supera, con creces, su capacidad para analizarlas. Esto lo ha dicho el informador Edward Snowden pero, también, el antiguo director técnico de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), William Binney.

“Hemos intentado obtener una entrevista con responsables de los servicios de información, de la policía, como la célebre Scotland Yard, aquí, detrás de mi, si éxito, comenta la reportera de Euronews, Valery Gauriat. Nos han denegado el acceso, también, al Tribunal encargado de investigar los abusos cometidos por las fuerzas de policía y los servicios de información del Estado, tribunal cuya dirección es secreta. Aunque sí podemos decirles que, en los últimos años, el número de demandas no ha cesado de aumentar. Con la nueva ley, los jueces corren el riesgo de ver incrementada su carga de trabajo.”

La vigilancia policial es la especialidad de Jason Parkinson. Su trabajo como periodista le ha convertido en un “sospechoso”, fichado por la policía británica como “terrorista nacional” en una base de datos secreta junto a varios de sus compañeros.

En virtud de la ley británica de protección de datos, los investigadores han podido acceder a sus comunicaciones. Parkinson está afiliado al Sindicato Nacional de Periodistas que milita contra esta ley considerada una amenaza para la profesión.

“Los servicios de inteligencia deberían concentrarse en luchar contra las verdaderas amenazas que acechan a los ciudadanos y al país. Espiar por espiar nos conduce por una vía peligrosa. Los informadores no podrán acogerse a ninguna protección. Tendrán miedo de contactar a los periodistas para transmitirles informaciones sobre temas que afectan a la gente puesto que temerán ser descubiertos”, comenta Parkinson.

Además de su carácter intrusivo, la ley es muy costosa y técnicamente compleja.
Eso es lo que denuncian los operadores de telecomunicaciones que, también, dudan de la eficacia de la retención masiva de comunicaciones.

Adrian Kennard es director de la empresa de servicios informáticos Andrews and Arnorld LTC y un ardiente opositor de la conocida como “Carta de los fisgones”.

Para él, la vigilancia masiva va a incitar a la gente a protegerse aún más. Los métodos son conocidos: la criptografía, las redes virtuales privadas y otras vías utilizadas ya por periodistas, militantes de derechos humanos y, también, criminales.

“Existe un riesgo real de que todo ese dinero invertido para poner en práctica la ley no sirva de nada. Sabemos cómo los verdaderos criminales esquivan toda esta vigilancia. La gente ordinaria afectada acabará aprendiendo también. Lo mejor que podemos hacer los proveedores de servicios es informar a nuestros clientes de lo que ocurre. Podemos enseñarles a encriptar sus correos electrónicos. No se trata de ir contra el gobierno. El gobierno se está posicionando en el mismo lado que los criminales. Está intentado interceptar tus comunicaciones. Así que hay que utilizar los mismos métodos que cuando nos protegemos contra los criminales, resguardándonos de esta vigilancia impuesta”, explica Kennard.

Otras inciciativas ciudadanas están apareciendo. La financiación de acciones judiciales a través del crowdfunding es una de ellas.

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