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Ya es oficial. El Gobierno rumano ha derogado, en una reunión extraordinaria, el polémico decreto que despenalizaba casos de corrupción, de hasta 44.000 euros. Había sido aprobado por la vía de urgencia, sin consultar con el Parlamento, y había provocado las manifestaciones más multitudiarias desde la revolución que acabó con el comunismo.

Pese a su derogación, en la Plaza Victoria, frente a la sede del Gobierno, sigue habiendo protestas. El Ejecutivo ha perdido la confianza de muchos ciudadanos.

“La gente va a continuar presionando al Gobierno para que se vaya. No van a contentarse solo con la cancelación de este decreto de emergencia, porque está claro que es un Gobierno corrupto y que va a continuar con esta política y, muy probablemente, va a intentar de nuevo sacar a los políticos corruptos de las cárceles”, declaraba Mircea Marian, analista político.

Protestas también frente al palacio presidencial en Bucarest. Aunque en esta ocasión de manifestantes progubernamentales, que han criticado al presidente rumano por apoyar a los manifestantes contrarios al decreto de la discordia.