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Francia se cuestiona sus políticas de desradicalización yihadista


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Francia se cuestiona sus políticas de desradicalización yihadista

La lucha contra la radicalización yihadista en Francia es un fracaso, según las primeras conclusiones de un informe parcial publicado por el Senado francés.

Tras los atentados de 2015 se pusieron en marcha varias campañas de prevención y otros métodos de ‘desadoctrinamiento’, pero los resultados no están a la altura de la amenaza.

Desde hace un año, dos senadoras trabajan en el informe de “Desadoctrinamiento, desmovilización y reinserción de los yihadistas en Francia y Europa”. La senadora ecologista Esther Benbassa, una de las ponentes, cuenta que en Francia la desradicalización se puso en marcha poco después de los atentados “con cierto estado de pánico y ansiedad porque la población necesitaba respuestas”. “Los ciudadanos necesitaban saber si se estaban tomando medidas para prevenir otros ataques”, concluye.

El centro de desradicalización de Beaumont-en-Veron es un ejemplo de la complejidad y las dificultades que entraña poner en práctica una política eficaz al respecto. La institución abrió sus puertas en 2016 con la intención de acoger a 25 internos voluntarios, pero solo una decena han pasado por aquí y no han vuelto. La deserción del personal, la oposición vecinal y la detención por los servicios secretos de uno de los internos por su vinculación con uno de los terroristas de la sala Bataclán han dejado el centro vacío.

Desde agosto de 2016 la excónsul general de Francia en Estambul – principal ciudad de paso de los franceses a Siria- dirige del Comité Interministerial de Prevención de la Delincuencia y la Radicalización. Muriel Domenach admite que esta política podría cambiar tras las elecciones francesas, asegura que “encontrar el equilibrio entre prevención y represión es una decisión política” pero que aunque esto cambie “la radicalización ‘per se’ y la necesidad de prevención seguirán vigentes”

En 2016 fueron detenidos en Francia unos 400 sospechosos de tener vínculos con grupos yihadistas, 2.400 personas y 1.000 familias están bajo vigilancia por el riesgo de radicalización.

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