PUBLICIDADPartidos y políticos de la oposición, medios de comunicación y redes sociales se exponen desde ahora en Venezuela a multas, ilegalizaciones, clausuras y penas de hasta 20 años de cárcel en virtud de la “Ley contra el Odio” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. El suprapoder instaurado por el oficialismo aprueba así una norma a su medida para amordazar la disidencia.
“Es un llamado a toda Venezuela. Para las redes sociales también hay regulaciones muy específicas. Está prohibida la promoción y deberán retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia… en un lapso de seis horas, si no van a ser sujetos de sanciones”, explicó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
Esta ley mordaza, solicitada expresamente por el presidente Nicolás Maduro, pretende acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas gubernamentales de este año. El texto castiga con entre 10 y 20 años de prisión a “quien públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia” y con la prohibición e inhabilitación a los partidos y políticos que promuevan “el fascismo”, un término que desde el oficialismo utilizan a menudo para referirse a la oposición.
También prevé la posibilidad de castigar con hasta 10 años de cárcel a policías y militares que no persigan esos delitos de odio. Del mismo modo, obliga a los medios de comunicación a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen la “diversidad” y la “tolerancia”.
Entretanto, Nicolás Maduro ha asegurado que en 2018 se celebrarán elecciones presidenciales en el país. No obstante, también ha dicho que no cambiará nada en la maquinaria electoral utilizada en los elecciones de gobernadores de octubre, cuyos resultados no fueron reconocidos ni por la oposición ni por buena parte de la comunidad internacional.