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Ley contra el odio: la última mala noticia para la prensa en Venezuela

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Ley contra el odio: la última mala noticia para la prensa en Venezuela

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Por Camille Bello

La aprobación de la llamada Ley Contra el Odio es la última de una larga serie de malas noticias para el periodismo en Venezuela.

La clausura de canales de noticias nacionales e internacionales en Venezuela continúa en aumento desde el 2013. El gobierno Venezolano ha cerrado cadenas de TV y radio nacionales, colombianas, argentinas, norteamericanas y mexicanas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela lleva un registro de al menos 49 medios de comunicación cerrados en el país durante el 2017, de los cuales 46 son emisoras de radio y 3 canales de televisión.

En una buena parte de los casos los cierres ocurren por la no renovación de las concesiones por parte del gobierno. Es el caso de CNN en español; el canal fue acusado por el Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de “incitar al odio religioso, racial y político, la violencia y otros asuntos”.

El Sindicato Nacional de la Prensa en el país ha denunciado públicamente que los medios de comunicación son amenazados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con ser sacados de la parrilla de cable-operadoras si transmiten información que “promueva la alteración del orden público”.

Tales alteraciones se pueden definir como: “campañas de odio, desinformación y agresiones psicológicas hacia el pueblo venezolano”, como por ejemplo: manifestaciones y discursos de líderes opositores.

El pasado viernes 9 de noviembre Maduro anunció la primera ley de su nueva Asamblea Nacional Constituyente (rechazada por 40 países y constituida exclusivamente por miembros del ‘chavismo’).

La primera legislación que lleva por nombre “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” establece que «quien públicamente, o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años».

El nuevo Ministro para la Comunicación y la Información del país definió el instrumento como “la ley contra el odio, la ley contra el fascismo, contra la intolerancia y por la convivencia pacífica, amorosa, por la convivencia entre todos los venezolanos y las venezolanas”.

El artículo 14 de la misma ley prohíbe la difusión de mensajes en la redes sociales o medios electrónicos y digitales que llamen a la guerra o inciten al odio.

La ONG venezolana ‘Espacio Público’ denunció que el instrumento aumentará la persecución y la criminalización de los opositores en el país.

La ley entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela y los medios de comunicación impresos la han publicado en su integridad.

Por otro diarios y publicaciones independientes se han visto obligados a parar circulación, disminuir paginación y/o suprimir por completo revistas y suplementos debido a la falta de suministros necesarios.

Desde el año 2013 se reportan dificultades para adquirir papel prensa y otros insumos como tinta y películas, debido a las restricciones del acceso a las divisas para la importación de la materia prima. La venta de suministros a nivel nacional está centralizada por el gobierno desde el 2013 a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

La ONG “Expresión Libre” anunció el año pasado que al menos 22 periódicos en el país se vieron obligados a cerrar desde 2013. El Instituto de Prensa y Sociedad demostró que más de 25 medios han sido adquiridos por el régimen y sus empresarios simpatizantes.

Periodistas reconocidos por su dedicación a la difusión de información por más de 40 años, han sido amenazados con cárcel por el Presidente venezolano, con el alegato de que publican “tuits” que promueven odio y violencia.

Tal fue el caso del periodista César Miguel Rondón advertido por el presidente Nicolás Maduro por promover una persecución.


El gobierno ha expulsado a corresponsales de periódicos internacionales, tal es el caso del corresponsal del New York Times en Caracas Nick Casey, cuyo ingreso al país fue negado tras 8 meses de reportajes sobre Venezuela. Lo cuenta en un relato interactivo.

Sin embargo, la administración del Presidente Maduro asegura que más del 70% de los canales emisores de noticias siguen en manos de la propiedad privada en su informe sobre el sector del año 2016.