Respuestas a las dudas jurídicas del caso Puigdemont

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Por Euronews
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Dos expertos responden a algunas de las preguntas que surgen tras la detención en Alemania del exmandatario catalán en virtud de la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena

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La detención de Carles Puigdemont que plantea muchas preguntas jurídicas a nivel europeo, ya que nunca antes se había dado un caso similar. Una de ellas es si Alemania podría rechazar la euroorden dictada por el Juez Llarena:

Antoine Bailleux, profesor de Derecho Europeo en la Universidad de Saint-Louis, en Bruselas

"No se puede prohibir a un estado que rechace la ejecución de una orden de arresto europea si, sobre la base de elementos objetivos de esa orden se encuentra el castigar o perseguir a personas por sus opiniones políticas. Sin embargo, aquí el un problema no son las opiniones políticas del Sr. Puigdemont, el verdadero problema proviene del hecho de que no respetaron la prohibición de organizar un referéndum", explica desde Bruselas Antoine Bailleux, Profesor de Derecho Europeo en Universidad de Saint-Louis.

En Alemania existe un delito similar al de rebelión, que allí se llama "alta traición", pero ¿sería posible que Puigdemont fuera extraditado por Malversación y en lugar de por rebelión? Contesta desde Madrid el abogado Óscar Arredondo García:

El abogado Óscar Arredondo García, socio de Cremades & Calvo-Sotelo

"En principio parece ser que sí, que en el caso de Alemania sí que hay esa doble incriminación que hablamos anteriormente. En principio parece ser que sí, que se podría efectuar por esos delitos, no efectuando una exclusión de alguno de ellos, pero en cualquier caso, habrá que respetar las decisiones de la jurisdicción alemana, de la justicia alemana en este caso.

¿Qué pasaría si Puigdemont y los exconsellers que están en otros países europeos son extraditados por distintos delitos?

"Cada país es soberano, así que podría darse esa hipótesis, pero dentro de los países de la Unión Europea hay un principio de confianza recíproca en la seguridad de sus diferentes Estados de Derecho, y, en principio, debería darse cauce a las peticiones de los jueces requirentes, en este caso españoles, de puesta a disposición de personas que están sometidas a procedimientos en España. No obstante, pues cada país, cada Justicia, hará el enjuiciamiento que corresponda conforme a su ley y habrá que respetar y acatar las decisiones que establezcan los tribunales respectivos", concluye el letrado.

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