La Asamblea por una Escuela Bilingüe denunció una supuesta discriminación hacia los castellanohablantes. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la petición y enviará una carta a la Generalitat.
PUBLICIDADLa Asamblea por una Escuela Bilingüe presentó una serie de quejas a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre una supuesta discriminación lingüística en Cataluña hacia los castellanohablantes, especialmente en el ámbito de la educación.
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, denunció que "el modelo educativo catalán obliga a que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza".
Por su parte, la eurodiputada socialista Soledad Cabezón dijo que "la riqueza cultural debe respetarse y no generar división en un momento crítico para Cataluña".
La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia que no se cumple el decreto del Tribunal Supremo por el que un 25% de las clases en Cataluñá deben ser impartidas en castellano.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una carta a la Generalitat para insistir en los compromisos de los colegios con el bilingüismo y mantendrá su petición abierta.
En la misma sesión, la comisión decidió mantener abierta la petición de la asociación Impulso Ciudadano sobre la discriminación lingüística en el ámbito del consumo. Su representante, Carlos Silva, denunció la “persecución por parte de la Policía” que sufren los negocios con rótulos en castellano.
Silva subrayó que se ha implantado un “uso exclusivo del catalán en la actividad comercial, con la consiguiente vulneración de los derechos de los castellanoparlantes”. En este sentido, apuntó que los ciudadanos castellanoparlantes no tienen acceso a determinada información en una lengua comprensible.
En ambos casos, la Comisión Europea se ha declarado no competente, argumentando que ambas cuestiones son competencia de los estados miembros.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recibe las peticiones de los ciudadanos individuales.
Cuando se abre una petición, la Comisión puede pedir a la Comisión Europea que investigue (aunque en este caso se declara no competente), enviar la petición a otras comisiones del Parlamento e incluso puede llegar a encargar un informe completo y someterlo al Pleno de la Eurocámara o tomar otras medidas que permitan resolver la cuestión.