Las misiones inauguradas por Hugo Chávez ya no garantizan los medios y servicios a los ciudadanos más desfavorecidos
PUBLICIDADLa dependencia de los ingresos del petróleo y la gestión del actual Ejecutivo hacen tambalearse el legado social de Hugo Chávez. Según un estudio de la Universidad Central de Venezuela, el 64% de la población ha perdido un promedio de once kilos el pasado año y el 90% vive bajo el umbral de pobreza. Muchos desconfían de las ayudas proporcionadas por el Gobierno, como una madre de seis quien puede contar "con la caja, que a veces viene y a veces no viene" por lo que tiene que cultivar plátano o yuca alternativamente.
Solo durante el mes de abril el índice de precios del consumo aumentó un 80%. El abastecimiento de medicinas y alimentos es un problema grave y uno de los motivos que ha hecho abandonar el país a un miillón y medio de ciudadanos en los últimos meses. Algunos de los que se benefician de los programas sociales iniciados en la era Chávez defienden a su sucesor alegando que el problema "no es del Gobierno, sino de los que trabajan con el Gobierno. Porque de repente el presidente dice una cosa pero el que está con él no lo hace. Aquí se habló de que iban a traer la caja cada quince días y la traen cada mes, en otros lados he escuchado comentarios de que la traen cada tres meses y en otros de que no les llega".
Esta protección social se ha convertido también en un arma de coerción. Unos 16 millones de venezolanos tienen el Carnet de la Patria, un documento que se escanea y proporciona servicios sociales a sus portadores. Y también sirve de instrumento electoralista, como demuestran las palabras de Maduro en un mitin: "Estoy pensando en un premio bien bueno para todos los que voten del carnet de la patria el viente de mayo, algo bien bueno para estimular la participación y la libertad de la democracia".
Pero el descarado chantaje no sirve para paliar lo que Amnistía Internacional ha calificado como la peor crisis de los últimos tiempos. Según el Fondo Monetario Internacional, el 80% del transporte público venezolano está inactivo y es sustituido por camiones para desplazarse por las ciudades. El Gobierno de Maduro tiene cada vez más dificultades para disimular su declive.