Pedro Sánchez asume ante el Congreso que no revelará los nombres de los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012 y anuncia una ley que evitará futuros perdones a los evasores fiscales en España.
PUBLICIDADDesenterrar a Franco, votar un nuevo Estatuto en Cataluña y enterrar para siempre la identidad de los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012. El presidente del Ejecutivo español ha presentado este martes su proyecto de Gobierno ante el Congreso de los diputados. Ha dicho que los restos del general Franco serán exhumados en breve del Valle de los Caídos porque "ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura". Pedro Sánchez está dispuesto ha acometer lo antes posible una de las médidas más emblemáticas de la nueva ley de memoria histórica y que ha suscitado una fuerte oposición por parte de los nostálgicos del franquismo.
También ha anunciado que someterá a votación un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña acordado por todas las fuerzas políticas, una medida que no ha contentado a los independentistas y que ha sido muy criticada por Ciudadanos y PP.
No revelará los nombres de los evasores fiscales amnistiados
Pero lo que el líder socialista no va a desenterrar ni someter a votación son los nombres de miles de beneficiarios de la amnistía fiscal que impulsó Cristobal Montor. Sánchez, que asume que no podrá cumplir la promesa que hizo cuando era líder de la oposición de revelar la identidad de los evasores fiscales, ha afirmado, sin embargo, que impedirá que haya más leyes parecidas en el futuro.
Entre otras medidas, el mandatario ha anunciado un proyecto para "incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal, que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país", sentenció.
Aprobada en plena crisis económica nada más llegar al poder el Partido Popular, la amnistía fiscal impulsado por Cristobal Montoro permitió repatriar fortunas por una valor total de unos 40.000 millones de euros. Las casi 30.000 personas que se acogieron a la normativa, pagaron como media un 3% de lo regularizado. El Tribunal Constitucional la anuló por unanimidad el año pasado, aunque la declaración de inconstitucionalidad no afectó a las regularizaciones ya concluidas. Los nombres de varios políticos salieron a la luz como beneficiarios tras ser encausados por corrupción.
