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¿Es compatible ser juez y tarotista?

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¿Es compatible ser juez y tarotista?

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María Jesús García, magistrada del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, ejerce en su tiempo libre como tarotista y vidente en una consulta en Lugo, donde la tarifa inicial es de 20 euros, según unos panfletos que reparte por la calle.

Responsable de tomar decisiones sobre los presos de tres centros penitenciarios en la región del norte de España, García dice contar con "gran experiencia" en "arcanos mayores" en unas octavillas en las que promociona sus habilidades como lectora del tarot.

Su caso, que saltó a los medios de comunicación españoles después de que un redactor del diario gallego El Progreso asistiera a una de sus sesiones de lectura de cartas, le ha causado una apertura de expediente que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tener que pronunciarse sobre la compatibilidad de ambas actividades.

El promotor de la denuncia considera acreditado que "viene ejerciendo una actividad de cartomancia a través de la baraja del tarot, aceptando dinero a cambio" y que continuará haciéndolo, por lo que pedía una suspensión cautelar de seis meses.

"Consulté el tarot y dice que mi futuro dentro de la Justicia es bastante malo", decía la jueza pitonisa, en una entrevista con La Voz de Galicia, en la que aseguraba que la consulta del tarot era de su asistente doméstico y que ella solo le reemplazaba "ocasionalmente".

"A mí también me interesa el mundo del tarot, que llevo estudiando desde que soy jueza", explicaba García, quien compara su servicio como vidente con Blablacar, "un intercambio entre particulares".

Y añadía que la tarifa es muy económica: "Hasta con lechugas y huevos nos han compensado. Y alguno, con nada. No llevaba ni un mes y se metió un periodista camuflado de cliente".

A pesar de su experiencia como tarotista, esta vez las cartas se equivocaron. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha decidido no suspender a la magistrada de funciones por cinco votos contra dos. Según fuentes consultadas por El País, la suspensión cautelar fue considerada como una medida muy grave para la falta cometida.