¿Son las leyes del aborto más restrictivas anteriores al sufragio femenino en América Latina?
El Senado argentino al rechazar la despenalización del aborto ha dejado al país anclado con una ley que data de 1921, más de dos décadas anterior a que las mujeres argentinas tuvieran derecho a votar. El sufragio universal femenino en Argentina no se aprobó hasta 1947.
PUBLICIDADEl Senado argentino al rechazar la despenalización del aborto ha dejado al país anclado con una ley que data de 1921, más de dos décadas anterior a que las mujeres argentinas tuvieran derecho a votar. El sufragio universal femenino en Argentina no se aprobó hasta 1947.
La experta en Derechos Humanos y Estudios de Género Verónica Undurraga puso de relieve esta paradoja en declaraciones a Euronews:
"En general son leyes (del aborto) que fueron aprobadas mucho antes de que las mujeres tuvieran pleno derecho para votar como ciudadanas, en el ámbito de la familia o laboral, leyes que ya no representan el estatus de la mujer en la sociedad".
¿Es este el motivo por el que el aborto legal es un derecho muy restringido en América Latina? Euronews investiga la situación en los países con las leyes más restrictivas y más progresistas de la región.
Leyes más restrictivas
Las leyes más restrictivas pertenecen a Honduras (1983), Nicaragua (2007), El Salvador (1997), Haití (1985), República Dominicana (1948) y Surinam (1910).
Aunque el sufragio femenino se hizo real en estos países alrededor de la década de 1950 (1955 en Honduras y Nicaragua; 1950 en El Salvador y Haití; 1942 en República Dominicana; 1948 en Surinam), sorprendentemente, algunas de estas leyes se han endurecido con el paso del tiempo.
En estos lugares, el aborto es ilegal y penalizado, en cualquier circunstancia, incluso si la vida de la madre está en riesgo y si se trata de un caso de violación.
El aborto en Honduras, por ejemplo, conoció un retroceso, ya que en 1997 se derogaron por decreto los artículos que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas. Hoy, todos los casos de aborto están sancionados con una pena de 3 a 10 años de cárcel.
La Iglesia Católica, con mucho peso en Centro América, juega un rol esencial en la campaña de defensa del “no nacido”. En 2017, la Secretaría de Salud afirmó que se practicaban unos 3.350 abortos inseguros en el país. Por otro lado, 900 niñas víctimas de violación menores de 14 años dan a luz al año, según las mismas cifras.
Nicaragua también vivió una situación similar, ya que hasta 2006, el aborto terapéutico fue vigente por más de 100 años. Este tipo de interrupción voluntaria del embarazo estaba permitido para salvar la vida de las mujeres en casos riesgosos.
Después de este año, el país penalizó la interrupción voluntaria de embarazo en todas las circunstancias, fuertemente influenciado por la Iglesia Católica y la Evangélica. En 2007 la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo Código Penal, considerando todo tipo de aborto como delito.
En El Salvador, el aborto estaba permitido cuando la vida de la madre estaba en riesgo hasta 1997. Ahora, el aborto está completamente prohibido. Esto ha provocado polémicos casos, como por ejemplo el caso de Teodora Vásquez, condenada a treinta años tras sufrir un aborto espontáneo, que finalmente fue liberada después de estar encerrada una década.
Leyes más progresistas
La legislación más progresista rige en Uruguay, Cuba, Guyana y Ciudad de México, puesto que estos son los únicos enclaves de la región donde el aborto es legal.
Uruguay fue el primer país en aprobar el sufragio universal femenino en 1927 y ha vuelto a liderar la vanguardia en el Cono sur al despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y 14 en caso de violación en 2012. El pequeño país de América Latina es el más securalizado de la región.
En toda América Latina, Cuba es la pionera en legalizar el aborto. Las mujeres cubanas también fueron de las primeras en adquirir el derecho en votar en el Caribe, en 1934.
El caso de Ciudad de México es una excepción en el país, el aborto es legal hasta las doce semanas de embarazo. En otros estados del país se han endurecido las leyes y en Guanajuato esta práctica está penalizada con hasta 30 años de cárcel.
