Pese a la alegría en el Open Arms tras el desembarco, el conflicto sigue abierto. Los cinco países coordinados por la Comisión, España, Francia, Portugal, Luxemburgo y Alemania, aún se están poniendo de acuerdo en la distribución de las personas rescatadas
PUBLICIDADPese a la alegría en el Open Arms tras el desembarco, el conflicto sigue abierto. Los cinco países coordinados por la Comisión, España, Francia, Portugal, Luxemburgo y Alemania, aún se están poniendo de acuerdo en la distribución de las personas rescatadas. Además, la embarcación de la ONG se enfrenta a sanciones de hasta 900.000 euros por incumplir la prohibición de realizar operaciones de búsqueda y salvamento impuesta por la Marina Mercante española.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España: "Es que el Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capital del barco y se lo recordó en algún momento el ministro de Fomento del que depende Marina Mercante".
El barco de la ONG se ha convertido los últimos días en un foco de conflicto político a nivel nacional e internacional. Al pulso entre el gobierno español y el ejecutivo italiano sobre el destino de la embarcación, se han sumado los ataques de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Ciudadanos y el Partido Popular exigen una comparecencia al presidente en funciones para que explique los cambios de postura del Ejecutivo sobre el problema del barco de rescate.
Además, el partido de extrema derecha, Vox, ha denunciado a la ONG acusándola de "colaborar con el tráfico de personas". Así lo explicó la formación en su cuenta de twitter, donde directamente se dirigió a Open Arms como "organización criminal".
El buque Audaz, de la Armada española, que salió camino a Lampedusa minutos después de hacerse pública la decisión del fiscal italiano, seguirá su camino hacia la isla para llevar a España a los inmigrantes en caso de que se lleve a cabo la división acordada por los 5 países europeos que se ofrecieron, una decisión que según la ministra Calvo no está cerrada.