La oposición y el Gobierno chileno llegan a un acuerdo para crear una nueva Constitución

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Derechos de autor REUTERS/Rodrigo Garrido
Por euronews con EFE
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Desde hace casi cuatro semanas, las protestas arrecian en Chile contra la desigualdad y la falta de justicia social que los manifestantes achacan a la política neoliberal herededa de la Constitución actual aprobada durante la dictadura de Pinochet.

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El Gobierno y la oposición de Chile acordaron en la madrugada de este viernes una hoja de ruta para dotar al país de una nueva Constitución, mediante un plebiscito de entrada que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Carta Marga y qué fórmula constituyente prefiere: asamblea o convención.

El acuerdo para una nueva constitución en Chile aúna al oficialismo y a la mayoría de la oposición. Ambas partes coinciden en que la redacción de una nueva Carta Magna es la primera etapa para dar salida a la crisis social que sufre el país sudamericano. El Ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, afirmó que “este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social”, señaló.

Por su parte, el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric, recordó que “Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático y que a partir de este acuerdo se entrega al pueblo de Chile la capacidad de decir cuál es el mejor mecanismo para tener una constitución que nos represente a todos y todas”, enfatizó.

Un doble referéndum para una nueva Carta Magna

La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y pone al país en el camino hacia una Constitución que sustituya a la actual, aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha sido señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el gran escollo para construir un país más justo.

La actual Ley Fundamental le concedió al Estado un papel secundario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización en un marco neoliberal que ha provocado desde entonces una fuerte contestación social.

El Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero hasta ahora rechazaba la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la mayoría de los manifestantes.

En un primer momento, el Gobierno propuso lo que llamó un Congreso Constituyente, que fueran los actuales parlamentarios los que redacten el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum.

Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos -formada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha- llevó este jueves una nueva propuesta a la mesa de negociación: una Asamblea Constituyente, integrada en a partes iguales por los actuales diputados y ciudadanos electos.

El plebiscito de entrada resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución.

En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, una "convención mixta constitucional", compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una "convención constitucional", para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.

La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal. El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros.

Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.

**"Acuerdo por la paz"
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REUTERS/Jorge Silva
Heridos en las protestas en ChileREUTERS/Jorge Silva

El acuerdo, bautizado como "Por la paz social y la nueva Constitución", atiende a la "grave crisis social y política" que vive el país, "a la movilización de la ciudadanía" y al llamamiento que hizo este martes el presidente Sebastián Piñera, quien ha conseguido que su dimisión no sea una prioridad tras una jornada de alta agitación y graves hechos de violencia.

El pacto fue anunciado a las 2:24 hora local (5:24 GMT) y se logró tras dos largas jornadas de conversaciones entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.

"Es una noche histórica para Chile y para la democracia", dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo ante los medios de comunicación.

Quintana señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre "una serie de injusticias e inequidades" que los chilenos han señalado en sus manifestaciones. "Esta respuesta que están dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica a la crisis, de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada", señaló el presidente del Senado.

Fuentes adicionales • Enrique Barrueco y Yaiza Martín-Fradejas

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