La agencia de noticias asegura que contrato de siete millones de euros para el suministro de alimentos a los migrantes terminó en los bolsillos del jefe de una milicia, todo ello bajo la mirada de los propios funcionarios de la ONU.
PUBLICIDADEnormes sumas de dinero público europeo terminan en los bolsillos de organizaciones criminales, en milicias y en traficantes de personas de Libia. Pero lo más preocupante es que tanto la Unión Europea (UE) como las Naciones Unidas, que trabajan en el terreno principalmente a través de dos agencias, tienen el pleno conocimiento de ello.
Esto se revela una investigación exclusiva de la Associated Press (AP) publicada a finales de 2019. Un contrato de siete millones de euros para el suministro de alimentos a los migrantes terminó en los bolsillos del jefe de una milicia, todo ello bajo la mirada de los propios funcionarios de la ONU.
La Comisión Europea ha invertido más de 327 millones de euros en Libia, un país devastado por una sangrienta guerra civil, con un último tramo de 41 millones de euros aprobado en diciembre. Por su parte, Italia ha invertido en los últimos dos años casi medio billón de euros -475 millones de euros- en el sistema libio, de los cuales 100 millones procedían de Bruselas.
¿A dónde va el dinero?
Los principales receptores de los fondos europeos son las agencias de las Naciones Unidas: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), dos organizaciones que se supone que deben ofrecer garantías sobre el respeto de los derechos humanos en Libia, pero cuya acción es limitada e ineficaz, y no sólo por las condiciones ambientales en las que trabajan.
Por una parte, como nuestro equipo demostró en una investigación periodística, la gestión del ACNUR sobre el terreno está plagada de negligencia en lo que respecta a la asistencia humanitaria, falta de transparencia, acusaciones de corrupción y mala gestión de los procesos de verificación y registro.
Por otra parte, si el objetivo principal de la OIM es preparar los "retornos voluntarios" de los migrantes fuera de Libia, las cifras son despiadadas: en 2019, el organismo de la ONU pudo sacar del infierno a casi 10.000 personas contra la presencia de unos 600.000 migrantes en el país.
Nadie puede garantizar la seguridad de los migrantes en Libia
Si Bruselas ha dicho públicamente que confía en las dos organizaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos -justificando así la política de externalización de las fronteras de la UE- son las propias agencias de la ONU las que admiten que en realidad no pueden garantizar nada. El enviado del ACNUR para el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, escribió en Twitter "que nadie es capaz de proporcionar un refugio seguro para los migrantes en Libia". Nadie, por lo tanto ni siquiera el ACNUR.
En este contexto, la investigación de la agencia AP revela que los documentos presupuestarios para 2017 revelaron que la UE era consciente del riesgo "medio-alto" de que el dinero para la ayuda humanitaria pudiera acabar en los bolsillos de los traficantes de personas y contribuir a un aumento de las violaciones en los centros de detención, así como la posibilidad de que el gobierno libio pudiera negar el acceso a los mismos.
Sin embargo, la acusación más fuerte se refiere al centro de evacuación de Trípoli conocido como GDF (Gathering and Departure Facility), que costó 6 millones de dólares y está gestionado por el ministerio del Interior libio y su socio LibAid. Recientemente, el ACNUR, que opera en el centro, admitió que ya no puede ayudar a nadie allí, a pesar de que las campañas de promoción se presentaron en el pasado bajo una luz diferente.
Según datos, millones de euros de contratos para el suministro de alimentos a los migrantes encerrados en el GDF fueron destinados a por lo menos una compañía vinculada a Mohammed al-Khoja, un líder de la milicia que voló a Roma en 2017 para una reunión de la ONU sobre migración, según correos electrónicos internos de la ONU vistos por la AP, dos altos funcionarios libios y un trabajador de ayuda internacional. Al-Khoja es también el subdirector de la DCIM, la agencia gubernamental responsable de los centros de detención.
Esto quiere decir, contratos por un valor de al menos 7 millones de dólares para el catering, la limpieza y la seguridad. AP ha descubierto que 30 de los 65 empleados de LibAid son esencialmente nóminas de la milicia.
De los 50 dinares (35 dólares) diarios destinados a la alimentación de cada migrante, sólo se gastaron 2 dinares. No sólo: las comidas realmente cocinadas se redistribuyen entre los propios guardias o se ponen en el mercado negro.
Un correo electrónico interno de la agencia de la ONU muestra cómo todo el mundo conocía el problema.
Las organizaciones internacionales pagan los contratos a los subcontratistas libios en dólares. Estos, dirigidos por milicianos, tienen cuentas corrientes en Túnez, en la ciudad de Ben Gardane, justo al otro lado de la frontera. Aquí el dinero se cambia a moneda local y se recicla en bienes raíces, pasaportes ficticios y facturas falsas de empresas ficticias.
En cuanto a la otra agencia de las Naciones Unidas, la OIM, colabora con la guardia costera libia, capacitada y abastecida con dinero italiano y europeo. Admitió que el socio "puede tener contactos con las milicias locales", pero que esto es un mal necesario si se quiere "operar en esas zonas".
A pesar de que la UE e Italia pagan a los guardacostas libios para que patrullen la costa, no faltan los casos de corrupción: los traficantes pagan a los guardacostas un soborno de unos 10.000 dólares por cada barco que se deja pasar, a veces cinco y seis a la vez.
En la investigación de AP, finalmente, se revelan también las cifras pagadas por los aproximadamente 5.000 migrantes abusados en los campos de concentración (definición de ACNUR): para liberarlos, sus torturadores extorsionan entre 1.800 y 8.500 dólares a sus familias haciéndoles escuchar por teléfono la tortura de sus seres queridos.
También hay espacio para Italia: en un centro de detención en Sabaa, los migrantes son dejados en ayunas y obligados a construir un ala de la prisión financiada por el gobierno italiano. No hubo comentarios por parte de Roma.