El encuentro que mantuvieron este viernes representantes del Gobierno francés y de los sindicatos no ha deparado avances; continúa el pulso entre ambas partes con respecto a la reforma del sistema de pensiones.
PUBLICIDADNuevas reuniones y mismo resultado. El encuentro que mantuvieron este viernes representantes del Gobierno francés y de los sindicatos no ha deparado avances; continúa el pulso entre ambas partes con respecto a la reforma del sistema de pensiones. Una de las cuestiones centrales del debate es la manera de garantizar el equilibrio del modelo a largo plazo.
Según las previsiones oficiales, realizadas en el pasado mes de noviembre, el actual sistema de jubilación pasaría de una situación muy cercana al equilibrio en 2018 a un déficit de entre el 0,3 % y el 0,7% del Producto Interior Bruto, PIB, en 2025.
Las proyecciones realizadas toman como referencia las bases de un crecimiento económico del 1,3 % en Francia. En base a este escenario, faltarían entre 8 000 y 16 800 millones de euros. La pregunta que se hacen todos es: ¿cómo resolver esta situación? Un punto en el que chocan las posturas del Gobierno y de los sindicatos. El Ejecutivo envió el jueves dos proyectos de ley a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Uno de los puntos claves de la negociación es la implantación de un sistema universal con la "obligación" de asegurar "el equilibrio financiero del futuro sistema" a partir de 2022 para la generación de 2004. Otro es el de fijar en 64 años la edad de referencia de la jubilación y aplicar una reducción en la paga a quienes se jubilen antes, algo a lo que se oponen los sindicatos.
"Por supuesto, hemos solicitado al primer ministro que retire de la mesa de negociación la edad de referencia de la jubilación. Si esto, en las próximas horas e incluso días, se realiza, se podrían crear las condiciones de trabajo para llegar a un compromiso", afirma Laurent Escure, secretario general del sindicato UNSA.
Dos de las medidas importantes del proyecto de ley son: el aumento salarial para profesores e investigadores y una pensión mínima de 1 000 euros mensuales a partir de 2022 para quienes hayan completado el número de años cotizados. El Gobierno aboga por una jubilación a los 64 años, con la paga completa, si se tienen 42 años cotizados.