Las esterilizaciones forzosas a personas discapacitadas en España en el punto de mira de HRW

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Fue a los 18 años cuando la vida de Cristina Paredero dio un vuelco decisivo, le diagnosticaron síndrome de asperger. Un alivio para ella -que llevaba años pensando que había algo raro, pero no conseguía descifrar qué era- y un jarro de agua fría para sus padres, que no lograron entenderlo. El diagnóstico torció aún más la tensa relación que mantenían.

A partir de ahí, no confiaron en que ella pudiese valerse por sí misma, con lo cual, decidieron que lo mejor era que se sometiese a un proceso de esterilización. Actualmente, el Código Penal español recoge en su artículo 156 que las personas a las que un médico declara ‘incapacitadas’ pueden ser esterilizadas en contra de su voluntad. En el caso de Cristina, fue ella misma la que autorizó el proceso, pero coartada por la presión que ejerció su familia.

Interiorizar el discurso

Descuelga al tercer tono y suena su voz, alegre y despreocupada, contrasta con todo el peso que ha llevado sobre su espalda durante tantos años. Ahora con 26, Cristina estudia segundo de periodismo y ha sacado unos minutos para contar a Euronews su historia.

“Mis padres siempre vieron mi asperger como una enfermedad y no como una capacidad distinta”, relata.

“Ellos me repetían que no era responsable para tener relaciones sexuales porque podría quedarme embarazada; que no iba a ser capaz de asumir la responsabilidad de ser madre; que, como yo era asperger, mis hijos también nacerían asperger; y su insistencia hizo que se me grabase a fuego la idea de que no podía tener hijos”.

Interiorizó el discurso y decidió someterse al proceso de ligadura de trompas. Los médicos se lo pintaron todo muy fácil, “no te va a doler nada” es prácticamente lo único que le explicaron del proceso. Cristina cuenta que los propios médicos le animaron a seguir adelante con la decisión. No fue hasta años más tarde, después de hablar con psicólogos y organizaciones que defienden los derechos de las personas discapacitadas, que se dio cuenta de que era perfectamente capaz de ser madre.

“A medida que fui creciendo, descubrí que los profesionales con los que hablaba tenían otra opinión completamente distinta y me di cuenta de que había sido manipulada para el propio beneficio y tranquilidad de mis padres, sin que se hubiese tenido en cuenta el mío”.

Discriminación subliminal

El caso de Cristina no es el único, hay muchas más mujeres con discapacidad que sufren lo que Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, llama ‘discriminación subliminal’.

“Hay un sentimiento discriminatorio hacia las mujeres discapacitadas. Les hacen pensar que no van a ser buenas cuidadoras. Les predisponen a creer que no van a ser capaces de ser madre, en lugar de transmitirles que tienen derecho a serlo y que, teniendo en cuenta cada caso, se les proporcionará los recursos necesarios. El sistema funciona de manera contraria”, sintetiza la diputada en declaraciones a Euronews.

También ven un problema en el actual Código Penal, que despenaliza en su artículo 156, la esterilización forzada a personas con discapacidad a través de una autorización judicial.

Más concretamente, este artículo establece que el proceso de esterilización no es punible ‘siempre que esté acordado por órgano judicial, en caso de personas que, de forma permanente, no pueden prestar en modo alguno consentimiento. Y siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que haya un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos’. Este último punto se refiere a que el conflicto sea entre la vida de la persona y el tener o no al niño.

“En la práctica se traduce en que, si un tutor solicita la esterilización de una persona incapacitada al juez, y éste la autoriza, el proceso sigue adelante incluso en contra de la voluntad de la persona”, explica Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión, una organización que lucha por los derechos de las personas discapacitadas.

La experta cuenta que cuando esto se produce se dan dos casos. En el primer caso, a la persona no se le informa de nada, simplemente se le dice que se le va a quitar una hernia y se le esteriliza. En el segundo, la persona sabe que se le va a esterilizar, se niega, pero aún así se lleva a cabo.

Su experiencia le ha demostrado que existe una mala interpretación de lo que son supuestos excepcionales: “He tenido alguna consulta en la que se me ha presentado el caso de una persona con discapacidad intelectual que va a ir a un campamento de verano y su familia quiere esterilizarla porque va a haber chicos”.

Además, este artículo entra en conflicto con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en el año 2008. “En su artículo 23, el tratado recoge los derechos que tienen las personas con discapacidad y, entre ellos, dice que no debe haber discriminación para formar una familia, contraer matrimonio, o la posibilidad de elegir de manera libre si quieren tener hijos. Y que puedan tener, de cara a los procesos de reproducción y planificación familiar, medios necesarios para poder ejercer estos derechos”, señala Sara Giménez.

En este punto hay consenso total: “En vez de esterilizar, a lo mejor, lo que necesita esa persona es que trabajemos en empoderarla y en que comprenda realmente qué significa ser madre o padre y darle herramientas para poder desempeñar la tarea. Los recursos no deberían ir a incapacitar o a esterilizar a la gente, sino a darles los apoyos que necesitan para poder ser padres o madres”, apunta la experta legal de Plena Inclusión.

Son varias las organizaciones internacionales que han criticado a España por no seguir la normativa europea. La última de ellas Human Rights Watch, que recientemente publicó su informe sobre derechos humanos y dedicó un párrafo a esta práctica. "Es una anomalía en términos de derechos humanos que el propio Código Penal lo permita y tengamos ratificada la convención y el artículo 23 de la misma", recuerda la diputada.

Desde Ciudadanos han presentado una proposición de ley en el Senado y en el Congreso con el objetivo de modificar el actual Código Penal y erradicar la esterilización forzada a personas incapacitadas judicialmente.

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