El Gobierno Portugal ha decidido aprobar todas las solicitudes de residencia y asilo hasta el próximo 1 de julio para que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los ciudadanos portugueses frente a la crisis del coronavirus.
PUBLICIDADFrente al recrudecimiento de la crisis del coronavirus en Europa, el Gobierno de Portugal ha decidido aprobar todas las solicitudes de residencia y asilo en curso hasta el próximo 1 de julio para que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los ciudadanos portugueses.
El principal objetivo es entonces el de garantizar el acceso universal a la seguridad social y a la atención sanitaria mientras el país lucha contra la propagación y los efectos del coronavirus. Para obtener este ciudadanía temporal, los trámites se han tenido que comenzar como límite el pasado 18 de marzo.
"En un estado de emergencia, la prioridad es la defensa de la salud y seguridad colectivas", explicaba así la medida el ministro del Interior de Portugal, Eduardo Cabrita, en declaraciones recogidas por el diario luso Publico. "Es en estos momentos que se hace aún más importante garantizar los derechos de los más frágiles, como es el caso de los migrante".
Esta medida busca también proteger a los empleados de las Aduanas del posible contagio.
El domingo el número total de contagios en Portugal fue de 5.962, con 119 muertes, incluida la de un niño de 14 años con problemas de salud anteriores al contagio. Una cifra muy alejada de la vecina España, que roza los 7.000 fallecidos y es actualmente el segundo país con más muertos por coronavirus del mundo.
La policía ha intensificado las medidas de vigilancia para imponer el distanciamiento social, con el uso de aviones teledirigidos en Oporto y Lisboa. En la capital, el ejército además está distribuyendo comida a los desamparados.
Richard Danziger, director regional de Migración de la ONU, ha aplaudido la decisión del Gobierno portugués. "Las personas no deben ser privadas de sus derechos a la salud y a los servicios público ssólo porque su solicitud aún no ha sido procesada", ha asegurado.
¿Y el resto de los países europeos?
En la otra cara de la moneda está Grecia. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las autoridades griegas denegaron el derecho a solicitar asilo a por lo menos 625 personas que llegaron a la isla de Lesbos entre el 1 y el 18 de marzo de 2020.
"Durante hasta dos semanas, las autoridades han mantenido a mujeres, hombres y niños -muchos de ellos huyendo de la guerra y la persecución- a la intemperie y en temperaturas frías, negándoles el derecho a solicitar asilo e impidiéndoles obtener la asistencia humanitaria y legal que necesitan y a la que tienen derecho", dijo Belkis Wille, investigadora principal de crisis y conflictos de HRW.
Desde el 1 de marzo, el Gobierno griego ha suspendido el acceso al procedimiento de asilo y ha puesto en marcha una política de detención a aquellos que llegan a sus fronteras, como consecuencia del anuncio de Turquía de que abriría a los inmigrantes las puertas a la Unión Europea.
"Grecia puede estar enfrentando desafíos en muchos frentes, desde el coronavirus hasta un aumento de las llegadas, pero eso no significa que pueda suspender los derechos fundamentales o el trato humano", añadió Wille.
HRW también defiende que los inmigrantes en centros de detención en países europeos en espera de ser deportados deben recibir alternativas a la detención en medio de la pandemia del COVID-19.
"Mientras que sociedades enteras aprenden a vivir encerradas, no debemos olvidarnos de las personas encerradas porque tienen los papeles equivocados", dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
"Las autoridades de toda Europa deben tomar medidas para proteger la salud y los derechos de los detenidos y el personal de los centros de detención de inmigrantes, incluyendo la liberación de las personas y la búsqueda de alternativas a la detención".
HRW denuncia que Italia, el país más afectado del mundo por el brote de coronavirus, no ha adoptado "medidas claras y transparentes para abordar la situación de las personas detenidas por su condición de inmigrantes".
También critica la actuación de las autoridades franceses por no haber tomado "ninguna medida a nivel nacional para proteger la salud de aproximadamente 340 personas en los centros de detención de inmigrantes en todo el país".
Sin embargo, HRW ensalza las medidas tomadas por España, Bélgica y Alemania. El primero ha dicho que empezaría a liberar a los inmigrantes detenidos, analizando caso por caso, incluyendo la deportación.
Bélgica ha liberado a unas 300 personas el 19 de marzo porque las condiciones de detención no les permitían aplicar medidas de distanciamiento social seguras y Alemania ha prometido que habría menos deportados.