Cada año, cientos de cetáceos mueren como resultado de la pesca de arrastre. El sistema judicial francés ha instado a París a "aplicar medidas para garantizar el mantenimiento o la recuperación de las especies protegidas".
PUBLICIDADEs una victoria para Sea Shepherd. Esta ONG, especializada en la preservación de los océanos, ha conseguido que el Gobierno francés sea condenado por su falta de protección de los delfines frente a las actividades pesqueras en el Atlántico, consideradas responsables de la muerte de cientos de estos mamíferos marinos protegidos, atrapados cada año accidentalmente en las redes.
Así pues, en una sentencia de 2 de julio, el Tribunal Administrativo de París consideró que el Estado había "retrasado la aplicación de medidas concretas en vista de los episodios recurrentes, desde el decenio de 1990, acentuados desde 2016, de exceso de mortalidad de cetáceos en la costa atlántica, en particular en el Golfo de Vizcaya", incumpliendo así las obligaciones que le incumben en virtud de la legislación europea.
El tribunal señaló en particular que "los episodios de encallamiento de más de 100 cetáceos (...) muy por encima de la norma estacional y concentrados en el período invernal, se han observado regularmente desde el decenio de 1990 en la costa del Atlántico, en promedio más de 900 por año, y han aumentado considerablemente desde 2016" y que "algunos de esos animales llevan rastros que sugieren que fueron capturados por artes de pesca".
Pero los cetáceos varados en el conjunto del litoral francés (1.642 en 2017, 1.383 en 2018) sólo representan una parte de las pérdidas: entre 3.500 y 4.000 delfines comunes habrían muerto en el mar por captura accidental en el Golfo de Vizcaya durante los inviernos de 2017 y 2018, incluso hasta 10.000 según las estimaciones del observatorio científico Pelagis, señala el tribunal.
Aunque el Ministerio de Transición Ecológica de Francia argumentó que ningún dato científico hasta la fecha "permite establecer un vínculo probado entre la mortalidad de los cetáceos y un tipo particular de pesca", reconoce que existe al menos "una correlación espacial entre las actividades de ciertas pesquerías y la población de delfines comunes", añade la decisión del tribunal.
"Deseamos llamar la atención de la nueva Ministra de Transición Ecológica, Barbara Pompili, sobre el aspecto fundamental de la preservación de los delfines en Francia y sobre la necesidad de poner en marcha medidas urgentes y efectivas para detener la matanza", comentó en una declaración la presidenta de Sea Shepherd Francia, Lamya Essemlali.
La ONG, que patrulla el Golfo de Vizcaya todos los inviernos para filmar los delfines atrapados en las redes de arrastre, considera que los repelentes acústicos instalados en ciertos buques para mantener alejados a los cetáceos son un "señuelo" y pide que se prohíba la pesca en la región.
Pero el tribunal administrativo rechazó esta petición. Consideró que el plan de protección de cetáceos adoptado por el Gobierno a finales de 2019, que incluye la instalación de repelentes acústicos en los aparejos de pesca, probablemente compensará la "deficiencia" observada.
Sea Shepherd también señaló que, junto con otras ONG, había iniciado un procedimiento a nivel europeo contra Francia y otros países. Esto ha dado sus frutos, ya que la Comisión Europea "instó" a Francia, España y Suecia, el 2 de julio, a "tomar medidas para reducir las capturas accidentales" de delfines.
Por lo tanto, Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción en este caso. París, Madrid y Estocolmo tienen tres meses para remediar los problemas identificados, de lo contrario se emitirá una segunda advertencia. En última instancia, el procedimiento puede dar lugar a una remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.