¿Vacunarse o no vacunarse de la COVID-19? Este es un dilema cada vez menos abstracto a medida que los calendarios de vacunación se empiezan a concretar, pero ¿te pueden obligar legalmente?
PUBLICIDADSolo alrededor de un tercio de los francesesy de los ingleses se muestra favorable a recibir la vacuna contra la COVID-19, según una encuesta encargada por Euronews en octubre, mientras que más del 40% de los españoles preferiría no ser vacunado nada más aprobarse el fármaco, según otro sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La cuestión es que el dilema de vacunarse o no frente al nuevo virus es cada vez menos un debate abstracto, sino una realidad inminente en Europa.
A la espera de que las vacunas reciban la aprobación de los reguladores, el continente se está ya preparando para una amplia campaña de vacunación.
Reino Unido, a la cabeza, comenzará a administrar las primeras vacunas de la farmacéutica Pfizer/BioNTech la próxima semana. Francia, por su parte, prevé vacunar al primer millón de personas en enero, comenzando por las residencias de ancianos y los trabajadores de cuidados de alto riesgo.
Visto que las campañas de vacunación basan su eficacia en la inmunidad colectiva, ¿qué pasa si grandes porcentajes de la población se niegan a recibir la vacuna?
¿Hay mecanismos legales para obligar a la población a vacunarse?
Miquel Morales Sabalete, socio del área Civil de AGM Abogados, explica a Euronews que la respuesta es afirmativa en el caso de España, aunque la obligatoriedad de un tratamiento o un reconocimiento médico puede afectar a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
El texto en el que se podría basar esta obligación es la Ley Orgánica de Salud Pública que establece que las autoridades sanitarias competentes "podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".
Por lo tanto, concluye, si la autoridad sanitaria dictamina que la pandemia lo justifica "no parece existir obstáculo legal para la imposición de una campaña de vacunación".
Los Gobiernos europeos contrarios a la obligatoriedad
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, dijo que espera que la vacuna contra la COVID-19 "no tenga que ser obligatoria".
Italia todavía no ha decidido si hacerla o no obligatoria. "No hay ninguna directriz para la obligación de la vacuna, pero la recomendamos", dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
El ministro italiano de Salud, Roberto Speranza, añadió: "pienso que con la persuasión y con una verdadera campaña podremos conseguir la inmunidad de rebaño sin la obligación, pero está claro que tenemos que conseguirla".
En Francia, el presidente Emmanuel Macron se ha mostrado tajante en que la vacunación no será obligatoria: "La inmunización debe hacerse de forma clara y transparente, compartiendo toda la información a cada paso: lo que sabemos y lo que no sabemos. También quiero ser claro: no haré obligatoria la vacunación".
"Nadie será obligado a vacunarse, es una decisión voluntaria", coincidió la canciller de Alemania Angela Merkel.
El primer ministro de Reino Unido Boris Johnson dijo que aunque "insta encarecidamente a la gente" a que se vacunen, "no forma parte de nuestra cultura ni de nuestra ambición en este país hacer que las vacunas sean obligatorias".
¿Pueden las aerolíneas y otras empresas privadas obligarnos?
El abogado Miquel Morales Sabalete dice que la obligatoriedad de la vacunación "con la actual legislación en la mano", está solo en manos de las autoridades sanitarias.
"Las compañías privadas, respecto de sus trabajadores, en la actualidad, no están en disposición legal de obligarles a vacunarse", añade, "y dudo que el Gobierno o el Parlamento lleguen a autorizar tal cosa salvo, quizás, sectores muy concretos por su especial exposición o su especial riesgo de transmisión a grupos de riesgo, como por ejemplo las residencias de mayores".
Respecto a las aerolíneas u otras compañías de transporte, Morales incide en que tampoco tienen este poder legal.
PUBLICIDADCree que el sistema podría ser el mismo al actual con las pruebas PCR: podrán llegar a exigir la acreditación de esa vacunación a aquellos usuarios que quieran viajar a un determinado destino donde las autoridades sanitarias hayan dispuesto esta condición.