Francia inicia una consulta pública para restablecer la confianza en las fuerzas del orden y presentar un nuevo borrador de la polémica ley de seguridad global.
PUBLICIDADLa polémica ley de seguridad global sigue levantado ampollas en Francia. El Gobierno francés ha iniciado una consulta pública para recoger ideas con las que recuperar la confianza en las fuerzas del orden, confianza muy deteriorada por diversos escándalos de brutalidad policial y racismo. Tras la consulta se presentará un nuevo proyecto de ley ante el Parlamento, antes de las presidenciales de 2022.
"Las fuerzas de seguridad tienen mi total apoyo, lo digo con mi mayor respeto. No podría ser de otra forma, dado que la relación de la policía y la gendarmería con la población debe ser de confianza. El uso de la fuerza cuando es necesario debe ser entendido como legítimo por todos los ciudadanos. Es la única forma de que sea aceptado y respetado. Es por ello, por lo que no podemos tolerar prácticas inaceptables que podrían menoscabar el ejercicio de su principal misión". declaro el primer ministro francés, Jean Castex.
La violenta agresion policial a un productor de música negro dentro de su estudio conmocionó el pasado mes de noviembre al país. Además de otros incidentes recientes como el violento desalojo de un campamento de migrantes en el centro de la capital.
El principal escollo de la ley de seguridad es el controvertido artículo 24 del proyecto de ley, que tipificaría como delito la divulgación de imágenes de agentes de policía. Permite además el uso de drones de vigilancia en las manifestaciones y el reconocimiento facial mediante cámaras.
El Gobierno asegura que la norma propuesta es necesaria debido a que los agentes de policía se han convertido en blanco de ataques y han aumentado los llamados a la violencia contra ellos en las redes sociales.
Este fin de semana hubo decenas de detenidos en París en unas protestas que congregaron a más de 30.000 personas en todo el país.
El proceso de consulta finalmente informará sobre un nuevo proyecto de ley de seguridad que se presentará ante el parlamento antes de que Francia celebre elecciones presidenciales en la primera mitad de 2022.