Indignación en Panamá por el escándalo de abusos contra menores en centros de acogida

Manifestación pidiendo cuentas al Gobierno de Panamá por el escándalo
Manifestación pidiendo cuentas al Gobierno de Panamá por el escándalo Derechos de autor AFP
Por Euronews en español
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El informe de una comisión parlamentaria revela violaciones y abusos sistemáticos físicos y mentales en centros gestionados por ONG y organizaciones religiosas pero supervisados por el Estado. La sociedad pide justicia

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"Con ropa o sin ropa los niños no se tocan". Una de las consignas coreadas por unos 200 manifestantes en ciudad de Panamá ante el escándalo de abusos contra menores en albergues supervisados por el Estado.

Abusos físicos y mentales contra niños y adolescentes

Violaciones y malos tratos físicos y mentales sistemáticos contra decenas de niños y adolescentes que han conmocionado al país, descubiertos por una investigación de la Comisión de la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional. Ha sido presentado por la diputada del partido en el Gobierno Zulay Rodríguez, presidenta de este grupo.

Según este informe, eran cometidos por los responsables de su cuidado. Algunas niñas denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y abortaban.

Zulai Rodríguez, diputada del partido en el poder, y presidenta de la comisión que presentó el informe sobre abusos

Implicados ONG y organizaciones religiosas

Hay por lo menos catorce centros implicados, gestionaos por ONG civiles y organizaciones religiosas, pero bajo responsabilidad estatal.

"Estamos aquí protestando en indignación por la violacion de niños y niñas y ante la indignación de un gobierno que se quiere lavar las manos y no quiere hacerse responsable", decía Yousee Herrera.

La vaga respuesta del presidente

Los horrores investigados habrían comenzado en 2015.

La indignación de la sociedad panameña hizo que la semana pasada el presidente Laurentino Cortizo pronunciara un discurso con la promesa de castigar a los culpables, pero sin detallar ningún plan. Una reacción tardía e insustancial según activistas y opositores.

"Estamos exigiendo el informe de todos los involucrados y, además de eso, queremos cárcel y destituciones de este Gobierno y queremos saber dónde están los niños ahorita mismo porque hay ocho albergues cerrados hasta ahora y sin embargo, sigue sin haber nombres (de responsables)", lamentaba otra manifestante, Carla Nelson.

El informe asegura que algunos de estos albergues de acogida para menores huerfános o de familias en riesgo de exclusión social no contaban con los permisos necesarios y ofrecían unas condiciones de vida infrahumanas. Muchas víctimas de los abusos sufrían además algún tipo de discapacidad.

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