Arrecia la polémica en Galicia, en el noroeste de España, tras aprobar el Gobierno regional una ley que sienta las bases para obligar a la población a vacunarse contra la COVID-19 y prevé fuertes sanciones, de hasta 600.000 euros en el caso más extremo, a quien viole las normas y restricciones...
PUBLICIDADArrecia la polémica en Galicia, en el noroeste de España, tras aprobar el Gobierno regional una ley que sienta las bases para obligar a la población a vacunarse contra la COVID-19 y prevé fuertes sanciones, de hasta 600.000 euros en el caso más extremo, a quien viole las normas y restricciones ligadas a la pandemia. ¿Es posible dentro del marco legal español la imposición de la obligatoriedad de la vacuna? Para contestar a esta pregunta hemos hablado con el magistrado Ignacio González Vega:
"Bueno, pues sí. Sería posible imponer la vacunación obligatoria. Es verdad que respetando los derechos fundamentales, a través de una ley orgánica y haciendo las modificaciones correspondientes.
Otra de las cuestiones que se plantean es si una comunidad autónoma puede establecer la vacunación obligatoria. Yo tengo mis dudas sobre si la delegación que hace el estado de alarma a las comunidades autónomas para combatir eficazmente el virus comprende también la vacunación obligatoria.
Y otra de las preguntas que hay que hacerse es si a pesar de que sea posible en el marco jurídico es oportuno establecer la vacunación obligatoria o hay otras formas de obligar a la población a vacunarse como sería por ejemplo para acceder a determinados servicios o actividades el requerir estar vacunado", explica González Vega.
El magistrado recuerda que la Justicia ya se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la vacunación obligatoria. Uno de esos casos tuvo lugar en Galicia:
"Ha habido alguna resolución judicial, por ejemplo de una juez en Galicia, en el caso de una anciana que estaba en una residencia y su hija se negaba a que fuera vacunada. La magistrada señaló que la vacunación tiene riesgos, pero en esa ponderación de intereses en conflicto debe prevalecer la salud colectiva, la salud de todas las personas que se encuentran en la residencia frente a la decisión personal de una de las residentes", aclara el magistrado.
La Ley de salud aprobada por el parlamento gallego cuenta con el rechazo frontal de la oposición nacionalista y socialista. No es la primera vez que normativas y decisiones para combatir la pandemia generan polémica en Galicia. En las pasadas elecciones, que ganó por mayoría absoluta el Partido Popular, se prohibió votar a más de 200 personas que habían dado positivo por COVID-19 en una decisión administrativa que respaldó el Tribunal Supremo.