Mientras el movimiento de desobediencia civil entierra a las víctimas de la represión en Birmania, la junta militar que protagonizó el golpe de Estado del 1 de febrero se enroca en el poder. Washington denuncia la brutalidad de las fuerzas de seguridad y amenaza con nuevas sanciones.
PUBLICIDADMientras el movimiento de desobediencia civil entierra a las víctimas de la represión en Birmania, la junta militar que protagonizó el golpe de Estado del 1 de febrero se enroca en el poder.
El despliegue de las fuerzas de seguridad continúa en las calles.
Al menos 18 personas habrían muerto en los enfrentamientos registrados el domingo, según Naciones Unidas, y la televisión estatal hablaba el lunes de más de 1.300 detenidos.
Washington no esconde su preocupación y amenaza con nuevas sanciones.
"Condenamos el brutal asesinado de personas desarmadas por parte de las fuerzas de seguridadbirmanas, sus ataques contra periodistas y activistas y las detenciones arbitrarias. Estados Unidos en estrecha coordinación con sus socios y aliados, ha dejado claro a los militares birmanos que la violencia contra los birmanos es abominable. La escalada reciente y la táctica de las fuerzas de seguridad es condenable", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
Los manifestantes reclaman la reinstauración del poder civil con Aung San Suu Kyi al frente.
La premio Nobel de la Paz, que permanece bajo arresto, ha sido acusada de otros dos presuntos delitos por la supuesta violación de una ley de telecomunicaciones e "incitación a desórdenes públicos", según su abogado.
Las imágenes de su comparecencia por videoconferencia ante el tribunal fueron las primeras distribuidas desde su detención.
Los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático analizan la situación este martes, aunque las críticas de países como Singapur, Indonesia o Malasia distan de la posición más prudente de otros como Filipinas, Camboya o Tailandia.