Paradojas de la uberización del empleo. Los riders, como se llaman a sí mismos los mensajeros o repatidores a domicilio autónomos que trabajan con aplicaciones móviles (apps) en España, se han puesto en pie de guerra contra un Decreto-ley que ha aprobado este martes el Gobierno que los convierte...
PUBLICIDADParadojas de la uberización del empleo. Los riders, como se llaman a sí mismos los mensajeros o repatidores a domicilio autónomos que trabajan con aplicaciones móviles (apps) en España, se han puesto en pie de guerra contra un Decreto-ley que ha aprobado este martes el Gobierno que los convierte en asalariados. El objetivo del Ejecutivo progresista no es otro que protegerlos frente a posibles abusos de las grandes plataformas digitales para las que trabajan:
"Decimos, como ha dicho el Tribunal Supremo, que los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en las plataformas digitales de cualquier tipo, son laborales. Y por tanto conllevan todos los márgenes y derechos que concita el estatuto de los trabajadores. Todos y cada uno de ellos. Derechos de organización, de sindicación, derechos de protección social y, por supuesto, de cotizaciones y salariales", explicaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sin embargo, el punto de vista de muchos repartidores autónomos es muy distinto. Miles se han manifestado este martes en nueve ciudades españolas. Muchos temen perder la única fuente de ingresos que se adapta a su forma de vida:
"Actualmente, quien quiere ser autónomo repartidor puede serlo y quien quiere ser empleado repartidor puede serlo. Puedes echar currículum a empresas como Burger King, Just eat... Quien está aquí es porque lo ha querido. Porque tiene una situación familiar complicada y necesita la flexibilidad horaria, para compaginarlo con estudios, por lo que sea. Ahora, todos los que nos hemos metido aquí porque necesitábamos esa flexibilidad, nos la va a arrebatar. Eso o que nos dejen directamente sin trabajo porque las plataformas no va a poder contratarnos a todos", decía una manifestante.
"Es una ley injusta. Una Ley Rider que se hizo sin los riders. Nos condena a contratos precarios. A contratos temporales que no queremos", afirmaba otra.
La ley afecta a unos 30 000 repartidores a domicilio. El Gobierno ha dado tres meses de plazo a las grandes plataformas digitales para adaptarse a la nueva normativa.