Por qué Europa tiene que impulsar la liberación de las patentes contra la COVID-19. Por Antoni Comín i Oliveres.
PUBLICIDADLa decisión del presidente Biden de renunciar temporalmente a las patentes de las vacunas COVID-19 ha puesto patas arriba la estrategia global contra la pandemia y obliga a todos los actores a posicionarse.
El pasado mes de octubre, fuimos pocas, por no decir contadas, las voces que en el Parlamento Europeo pedimos la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas Covid-19 en cuanto las grandes empresas farmacéuticas hubieran completado la investigación. En ese momento, las vacunas se encontraban en la fase final de desarrollo, y quisimos actuar de forma preventiva para que el debate sobre la legitimidad de las patentes llegara a las instituciones y a la opinión pública europea desde el primer momento.
Hay tres razones principales para defender esta medida, ciertamente excepcional:
1. 1. Humanitaria. La suspensión de las patentes permitiría a la industria farmacéutica de los países de renta media y baja destinar una parte de su aparato productivo a la fabricación de estas vacunas, lo que permitiría acelerar sustancialmente las campañas de vacunación. Por lo tanto, la suspensión de las patentes podría, en última instancia, salvar decenas -si no cientos- de miles de vidas.
2. Sanitaria El riesgo de que el virus Covid-19 mute es proporcional al número de personas susceptibles de ser infectadas . Hasta que no se haya vacunado a toda la población mundial, el virus puede seguir mutando, como lo ha hecho hasta ahora. Afortunadamente, las vacunas disponibles en la actualidad han sido eficaces a la hora de proporcionar inmunidad contra las mutaciones que han ido surgiendo. Sin embargo, si surge una mutación que las vacunas no puedan cubrir, las campañas de vacunación en curso en los países ricos habrán sido inútiles. La seguridad de una sola parte del planeta frente al virus es imposible: o nos salvamos todos o no se salva nadie.
3. Financiera. Estas vacunas se han desarrollado gracias al apoyo financiero masivo de los gobiernos, ya sea en EE. UU, el Reino Unido o la UE: 8.000 de los 14.000 millones de euros del coste global del desarrollo de las vacunas han salido de las arcas públicas. En la UE, esto se ha llevado a cabo mediante los llamados Acuerdos de Compra Anticipada (APA). Aparte de los graves problemas de transparencia que han generado estos contratos, los APA se han utilizado para asignar miles de millones de euros para que las empresas farmacéuticas pudieran acelerar el proceso de desarrollo de vacunas. Se trataba de comprar tiempo, de pagar por adelantado vacunas que en circunstancias normales se habrían comprado una vez desarrolladas. Pero, en cualquier caso, estas vacunas han sido financiadas por la Comisión con un dinero que, al fin y al cabo, procede de los impuestos que pagan los ciudadanos de la UE.
Si el pasado otoño sólo éramos unos pocos, la petición de suspensión de las patentes empieza a ser un clamor ¿De qué estamos hablando? No sólo pedimos que se ejecute la disposición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para conceder las llamadas "licencias obligatorias". Esto permitiría a las industrias farmacéuticas del Sur, que no son titulares de las patentes, producir
las vacunas, pero las obligaría a proporcionar a las industrias propietarias de las patentes una compensación económica. Los reglamentos generales de la OMC permiten ir aún más lejos. Prevén la suspensión temporal de las secciones 1, 4, 5 y 7 de la Parte II de los ADPIC, permitiendo así que toda la industria mundial con capacidad para hacerlo produzca las vacunas sin necesidad de ofrecer a cambio una compensación por cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual para combatir la emergencia sanitaria mundial. Porque si los acontecimientos que se están produciendo desde 2020 no constituyen una emergencia sanitaria mundial, ¿entonces cuáles lo son?
Nosotros, como ciudadanos europeos, asistimos asombrados al hecho que, en el transcurso de las últimas reuniones de la OMC, celebradas el 10 de marzo y el 22 de abril, la Comisión Europea -la voz de la UE en esta organización- haya seguido negándose a ceder ante la propuesta de Sudáfrica e India secundada por más de 100 países.
Ninguno de los argumentos utilizados para justificar esta negativa tiene peso. Se ha dicho que los países del Sur carecen de capacidad para producir estas vacunas, dada la complejidad técnica y científica del proceso de fabricación, aunque tuvieran derecho a hacerlo. Sin embargo, aunque las dificultades científicas que conlleva el proceso de investigación y desarrollo son realmente importantes, el proceso de fabricación es técnicamente menos complejo y está al alcance de la industria farmacéutica de muchos de estos países, que a menudo se especializan en la producción de genéricos.
Se ha dicho que el problema es la logística. ¿De qué serviría disponer de más vacunas si hay que almacenarlas a bajas temperaturas y los países del Sur carecen de redes de distribución adecuadas? ¿De qué serviría todo esto si sus sistemas sanitarios son tan frágiles que carecen de médicos y personal sanitario para hacer frente a la situación? Es cierto que el reto de la distribución y la administración no es en absoluto menor, pero en este momento, si la tasa de vacunación es dramáticamente lenta en los países del Sur, es por dos razones: no sólo por cuestiones logísticas, sino también por la falta de suministro. Eliminemos al menos uno de estos problemas.
También se ha dicho que, si suprimimos las patentes, las principales empresas farmacéuticas no podrán compensar el riesgo que asumieron al desarrollar la vacuna. ¿Qué incentivo tendrán para seguir investigando si no reciben la debida compensación por asumir este riesgo en forma de derechos de propiedad intelectual? Se supone que los APP "sólo" pretendían acelerar el proceso de desarrollo de las vacunas que el mundo necesitaba urgentemente: no hemos pagado por nada que no hubiéramos acabado pagando de todos modos. Sin embargo, las condiciones para acelerar el desarrollo eliminan, en la práctica, el riesgo que conlleva la investigación. Y si no hay riesgo, ¿dónde reside la legitimidad de la patente?
No, ninguna de estas razones puede justificar por qué la UE no haya tomado todavía la decisión que tomó Estados Unidos hace unos días. Porque ninguna de ellas no se sostiene. La razón estriba más bien en la eficacia del lobby de las grandes empresas farmacéuticas, las big pharma, sobre la Comisión Europea. Recientemente, gracias a un informe del Corporate Europe Observatory, se nos han revelado más detalles de esta estrategia millonaria.
No queda ninguna justificación por parte de la UE tras la decisión anunciada por la administración Biden. Tenemos que elegir entre priorizar los intereses corporativos del big pharma o priorizar la vida de los ciudadanos más vulnerables del planeta y la salud de los ciudadanos de Europa y del resto del mundo. Las recientes declaraciones de la presidenta Von der Leyen y del presidente Macron invitan al optimismo. Además, en el contexto de esta grave pandemia mundial, ¿Podría la UE disponer de una estrategia geopolítica mejor que la de compartir el conocimiento de la vacuna? No lo creemos. Ahora mismo, la capacidad de producción de Europa no permite a la UE distribuir suficientes vacunas gratuitas al resto del planeta ni venderlas a un precio más bajo. Nuestra "diplomacia de las vacunas" no puede ser otra cosa que compartir, con el resto del mundo, los conocimientos que los ciudadanos hemos hecho posibles con nuestros impuestos. Sólo así la UE asumirá realmente su papel de líder cooperativo mundial, que suele predicar pero que practica demasiado poco, y sólo así estará a la altura de los retos globales a los que se enfrenta en el siglo XXI.
Antoni Comín i Oliveres es eurodiputado y miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.