La Justicia ilegaliza la organización política del opositor Navalni por considerarla "extremista"

Ivan Pavlov, en el centro, habla con los medios de comunicación durante una pausa en una sesión judicial frente al Tribunal de Moscú
Ivan Pavlov, en el centro, habla con los medios de comunicación durante una pausa en una sesión judicial frente al Tribunal de Moscú Derechos de autor Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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La sentencia impide a las personas asociadas a la Fundación para la Lucha contra la Corrupción presentarse a cargos públicos y abre la vía a perseguir judicialmente a los activistas que han trabajado en la organización

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Un tribunal ruso ilegaliza la organización política nacional del opositor Alexei Navalni por considerarla "extremista".

Los críticos del Kremlin lo consideran un paso más en la represión de la disidencia política por parte del presidente Vladimir Putin.

La sentencia, que entra en vigor de forma inmediata, impide a las personas asociadas a la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK) presentarse a cargos públicos. Un duro golpe para muchos de los aliados de Navalni que esperaban presentarse a las elecciones parlamentarias del 19 de septiembre.

La etiqueta de extremismo también conlleva largas penas de prisión para los activistas que han trabajado con las organizaciones y para cualquiera que haya hecho donaciones a las mismas.

Antes de la sentencia, el abogado de FBK Ivan Pavlov había anticipado el resultado. "Las autoridades creen que el deseo de la gente de un cambio de Gobierno es extremista por naturaleza. La posibilidad de un cambio de Gobierno es un principio constitucional de la Constitución rusa moderna".

Navalni fue detenido en enero a su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con un agente nervioso del que culpa al Kremlin, una acusación que el Gobierno ruso rechaza.

En febrero, Navalni fue condenado a dos años y medio de prisión por violar los términos de una sentencia suspendida por una condena por malversación de fondos en 2014 que él rechazó por motivos políticos.

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