La oposición al fujimorismo denuncia una campaña de presión a las autoiridades electorales, a las que la candidata derechista ha reclamado una auditoría informática
Perú sigue en vilo una semana después de las elecciones presidenciales. La tensión aumenta ante la imposibilidad de declarar un ganador oficial por las denuncias de fraude de Keiko Fujimori.
La candidata de Fuerza Popular, que perdió las elecciones por un estrecho margen de unos 50.000 votos frente al izquierdista Pedro Castillo, ha lanzado una batalla legal aunque sin fundamentar sus denuncias de fraude.
Verónika Mendoza, ex candidata presidencial de Juntos por el Perú, denuncia que el conteo de la ONPE (Oficina Nacional de Procedimientos Electorales) ya tiene un ganador, por eso espera "que el Jurado Nacional de Elecciones confirme la voluntad popular".
Mientras tanto, dice, "no podemos dejar de expresar nuestra preocupación, porque el fujimorismo y sus aliados ya han manifestado en los últimos días la estrategia que pretende crear, tratando de atrapar y dilatar el proceso para crear inestabilidad. Incluso han anunciado un posible pedido de nulidad de todo el procedimiento electoral, que sabemos no tiene sustento legal".
"Rechazamos enérgicamente lo que está ocurriendo por primera vez en el Perú, y responsabilizamos directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Si ellos saben que hay un ganador, por qué aún no han declarado a Pedro Castillo como presidente. Esperamos que en las próximas horas se pronuncien, de lo contrario el pueblo del Perú lo rechaza enérgicamente", dice un manifestante proveniente de Loreto.
La oposición al fujimorismo denuncia una campaña de presión a las autoiridades electorales, a las que la candidata derechista ha reclamado una auditoría informática como última herramienta antes de reconocer su virtual derrota. Un recurso que puede extender aún más el cierre del conteo de votos.
Keiko Fujimori está luchando contra acusaciones de corrupción que podrían llevarla a la cárcel junto a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori.
Si las autoridades electorales aceptan la petición de Fujimori de anular los votos, no sólo ganaría las elecciones presidenciales, sino que también podría congelar su juicio por corrupción durante cinco años. También le permitiría cumplir su promesa de campaña de liberar a su padre, que está encarcelado por tres condenas por corrupción y otra relacionada con el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno de 1990-2000.