Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 25 ago - Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia bajaron a 78 en el primer semestre de este año, desde 90 en el mismo periodo del 2020, pero la violencia por la acción criminal de los grupos armados ilegales continúa, reveló el miércoles un informe de la Defensoría del Pueblo.
La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se han convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
"Aunque hubo una disminución en la cantidad de homicidios, de 90 el primer semestre del 2020 a 78 en el mismo periodo de 2021, lamento que sigan ocurriendo asesinatos y amenazas en contra de nuestros líderes, principalmente por accionar criminal de los grupos armados ilegales", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en el informe.
"Como Estado debemos redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos", agregó.
El informe de la Defensoría del Pueblo precisó que los departamentos con mayor número de homicidios registrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos entre enero y junio de este año fueron Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, todos con presencia de grupos armados ilegales, cultivos de hoja de coca y explotación ilícita de minerales.
Colombia enfrenta un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado unos 260.000 muertos y millones de desplazados en el que guerrillas izquierdistas, bandas criminales que surgieron de escuadrones paramilitares de derecha y las Fuerzas Armadas del Estado se enfrentan.
El Gobierno del presidente Iván Duque responsabiliza de los asesinatos de los líderes sociales a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 y a bandas criminales como el Clan del Golfo, que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
La Defensoría del Pueblo registró en 2016 que fueron cometidos 133 homicidios de líderes; 126 en el 2017; 178 en 2018; 134 para 2019 y 182 en 2020.
Las cifras no coinciden y frecuentemente desatan polémica entre el Gobierno y grupos de derechos humanos.