La nueva Ley de Vivienda en España podrá regular los precios del alquiler

En esta foto de archivo del 8 de abril de 2020, un hombre camina frente a un gran bloque de apartamentos en Madrid, España
En esta foto de archivo del 8 de abril de 2020, un hombre camina frente a un gran bloque de apartamentos en Madrid, España Derechos de autor Paul White/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Criticada duramente por la oposición y por el sector inmobiliario, la ley regulará los precios del alquiler en las zonas más tensionadas

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Regulación de precios y subida de impuestos a los pisos vacíos. Llega la Nueva ley de vivienda a España. Un año ha tardado la coalición de gobierno de partido socialista de Pedro Sánchez y la izquierda de Podemos en ponerse de acuerdo, pero finalmente, la nueva legislación se aprobará en consejo de ministros en las próximas semanas según el propio Ejecutivo.

Criticada duramente por la oposición y por el sector inmobiliario, la ley regulará los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Los propietarios de más de 10 viviendas en estas zonas - que establecerán las comunidades autónomas previa consulta al gobierno- tendrán que bajar el alquiler en base al índice de referencia. Los pequeños propietarios que tengan inmuebles en esas zonas deberán congelar los alquileres, o bien bajar el precio, si hacen esto último, se les aplicarán bonificaciones fiscales.

Aquellos que mantengan pisos vacíos en esas zonas podrían enfrentarse a un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles de hasta un 150%, que fijarán los Ayuntamientos. Esta tasa se paga en España anualmente y varía entre el 0,4 y el 1,3% del valor catastral del inmueble, dependiendo del municipio.

El líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que llevará a los tribunales la nueva ley, que, según su partido, interfiere de forma clara en la propiedad privada.

Además, el Gobierno obligará a reservar un 30% de la vivienda en construcción como vivienda protegida y dará ayudas de 250 € a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas anuales inferiores a los 23.000 euros para facilitar su emancipación.

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