Irlanda y Estonia se suman al acuerdo internacional de gravar a las empresas al 15%

Ministro de Finanzas de Irlanda
Ministro de Finanzas de Irlanda Derechos de autor Clodagh Kilcoyne/AP
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Por Juan Carlos De Santos Pascual
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Irlanda y Estonia estaban entre los países de la OCDE que no firmaron el acuerdo sobre el impuesto de sociedades del 15%. Con su nueva incorporación al convenio internacional ya solo falta Hungría por decir si firma el acuerdo.

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Irlanda y Estonia han acabado con sus reticencias y han dicho que firmarán el acuerdo internacional que fija el impuesto de sociedades mínimo al 15%. En Irlanda la reforma podría aplicarse en 2023. Dublín tiene ahora un impuesto de sociedades del 12,5%. 

Paschal Donohoe, ministro de Finanzas irlandés, señalaba: "Es la decisión correcta. Es una decisión sensata y pragmática adoptada por el Gobierno en beneficio de nuestro país y, en última instancia, una decisión que creo que será fundamental para que las empresas y los inversores tengan una seguridad a largo plazo, lo que a su vez redundará en beneficio de muchos miles de empleados en el futuro."

Fue el G7 primero, en junio, y después el G20, en julio, quienes respaldaron esta idea. Los países de la OCDE que no firmaron el acuerdo fueron Irlanda, Estonia y Hungría, frente a los otros 130 que sí lo hicieron. Ahora ya solo falta Hungría por decir si firma el acuerdo. 

Los países implicados en la negociación de un nuevo marco fiscal global para las multinacionales intentarán este viernes cerrar al proceso con el objetivo de llevarlo a la cumbre del G20 de finales de mes y que se pueda aplicar desde 2023.

Bajo la denominación de "marco inclusivo" y coordinados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las partes tratarán de cerrar los flecos pendientes del acuerdo del pasado 1 de julio.

Ese acuerdo supuso lo que entonces se denominó un compromiso "histórico" para crear un marco fiscal global para las grandes empresas, al que se sumaron 130 de los 139 países y territorios participantes, aunque desde entonces son ya 134 y 140, respectivamente.

La discusión de mañana, por vía telemática, busca determinar si más países se suman al consenso y cerrar los últimos detalles concretos, así como el proceso de implementación.

"La reunión del viernes es clave y daremos lo mejor de nosotros", dijo ayer el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, al cerrar la reunión ministerial anual de la organización.

El compromiso se articuló en torno a dos pilares, el primero de los cuales prevé un impuesto genérico a las grandes empresas, sean o no tecnológicas, con una facturación mundial de más de 20.000 millones de euros y una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10 %.

Todos los países en los que esas empresas tengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000 euros en los pequeños Estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que paguen las compañías.

Esos países se repartirán entre ellos entre un 20 % y un 30 % del beneficio residual, una vez que el país donde tenga su sede la compañía haya recibido el correspondiente impuesto de la rentabilidad.

El Pilar 2 establecía un impuesto de sociedades mínimo de "al menos el 15 %" para las empresas, aunque desde julio los nuevos contactos han diluido ese compromiso y la cifra actualmente más probable sería un mínimo del 15 %.

Si el pacto se cierra, el compromiso sería respaldado por la cumbre del G20 que se celebrará en Roma el 30 y 31 de este mes, y a partir de entonces se comenzarían a discutir las modalidades prácticas de implementación.

El objetivo es comenzar a aplicarlo en la práctica en 2023, algo que se considera "muy ambicioso", según avanzan varias fuentes de la organización.

Mientras tanto, los países que aplican la llamada "tasa Google" a grandes compañías digitales, como Francia, podrán continuar aplicando ese impuesto.

El acuerdo de julio se produjo después del cambio fundamental de postura de EE.UU. con la llegada al poder en enero del presidente Joe Biden.

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