Activistas y familiares denuncian las irregularidades jurídicas que viven los primeros 57 acusados que serán juzgados tras participar en las protestas del 11 de julio en Cuba.
PUBLICIDADSon algunos de los familiares de los cientos de detenidos en las protestas que hubo en Cuba en julio. 57 manifestantes serán juzgados esta semana. Alguno de ellos se enfrenta a penas de hasta 30 años de cárcel.
Yaquelín Cruz quiere que a su hijo Dariel le rebajen los 15 años de prisión por delito de sedición que pide la Fiscalía. "Con esperanzas de que bajen y todas las madres aquí tienen tremendas esperanzas de que bajen todo eso, porque es muchos años lo que están pidiendo", señala.
Varias ONG han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos.
Servilia señala que su hijo Eloy también será juzgado por el cargo de sedición: "Es muy injusto lo que está pasando porque mi hijo en ningún momento cometió el delito de sedición, eso es mentira. El no planificó nada. El solo se sumó cuando salió de la casa a la manifestación. Eso es lo único que hizo mi hijo", apunta Servilia.
El Ejecutivo cubano ha negado que sean juicios de carácter político y las autoridades judiciales del país aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales.
Para Yunisleydis Rios, la hermana de Yerandis, el castigo es desproporcionado: "Pónganlos a trabajar si muchos están sin trabajar, que para eso hace falta mano para eso. Pónganlo a no sé, pero ese castigo está injustamente", destaca.
En un principio las autoridades dijeron en agosto que 67 acusados se enfrentaban a cargos de desorden público, pero según los activistas desde entonces los fiscales han formalizado cargos más graves como el de sedición contra otros acusados.
Según la ONG cubana Cubalex hay un total de 1.339 detenidos a raíz de las protestas de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 710 (de los que 14 son menores) siguen arrestados.
Familiares de procesados en Santa Clara pidieron apoyo este lunes a más de 30 legaciones internacionales en Cuba, entre ellas las de México, Colombia, Brasil, España, Alemania, Reino Unido, la Santa Sede, la ONU y la Unión Europea (UE).
Según Prisioners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos, la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció este martes que ha denunciado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años "encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente".
En Cuba, la edad penal mínima son 16 años y la ley no distingue a partir de esa edad entre menores y adultos, como recomienda Naciones Unidas.
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.